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lunes, 12 de octubre de 2009

BAJO FUEGO NUESTRA CONSTITUCIÓN

Dardos a la Constitución

Existen 32 propuestas de cambios

Un intento para enmendar la Constitución falló a pesar de que los electores se expresaron en las urnas a favor de la unicameralidad.

Por Keila López Alice / keila.lopez@elnuevodia.com

la Legislatura tiene ante su consideración 32 medidas dirigidas a añadir, cambiar o eliminar disposiciones de la Constitución de Puerto Rico.

Un análisis del archivo cibernético de la Legislatura realizado por El Nuevo Día, reveló que sólo en la Cámara de Representantes se han presentado 21 resoluciones para modificar la Constitución, mientras que en el Senado hay 11.

“Todo lo que se hace a base de legislación está a riesgo de ser revocado o derogado cuando llegue la próxima administración. Con una enmienda a la Constitución es más permanente”, señaló el portavoz alterno de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, al explicar las razones por las cuales ha radicado nueve resoluciones concurrentes para tratar temas como la composición de la Legislatura, el uso de fondos no recurrentes en el presupuesto del País y la celebración de elecciones generales anticipadas.

Torres señaló que es necesario revisar algunos de los aspectos de la Constitución que no se han tocado desde que se creó en 1952. El representante además sostuvo que el momento histórico es idóneo para realizar ciertos cambios, como la reducción de la Legislatura.

“El pueblo ha reclamado menos legisladores y creo que es el momento para aprovechar que la mayoría legislativa tiene un mandato constitucional de reducir la Asamblea Legislativa. Yo creo en la unicameralidad, pero ya que sabemos que la Legislatura no acató esa orden, pues propuse un sistema bicameral con menos legisladores”, señaló el representante.

Harto conocidas son las medidas propuestas para reducir la cantidad de los miembros de la Legislatura, limitar el derecho a la fianza y elevar a rango constitucional el derecho a la salud. Sin embargo, en los anaqueles legislativos también hay resoluciones dirigidas a convertir a Ponce en la segunda capital de Puerto Rico, extender el término de los jefes de las agencias gubernamentales a cinco años y establecer un principio de méritos para realizar los cambios en el servicio gubernamental.

10 años para Educación

Además de la regulación del término de los miembros del gabinete, el representante Bernardo “Betito” Márquez propuso que el nombramiento del secretario del Departamento de Educación tenga una duración de diez años.

“Nosotros necesitamos continuidad. Históricamente, aquí no hay una planificación porque con los vaivenes políticos, cambia la administración y todo se elimina”, indicó Márquez.

El representante señaló que estos cambios no se pueden realizar mediante legislación o reglamentación, puesto que cualquier disposición que rija el gabinete constitucional del Gobernador tiene que canalizarse a través de una enmienda al documento.

“Lo que estamos garantizando es que no nos comamos los puertorriqueños los unos a los otros. Hay que romper estos estilos políticos y así se puede comenzar”, añadió el presidente de la Comisión cameral de Educación.

De igual forma, la senadora Melinda Romero Donnelly argumentó que es necesario atemperar la Constitución a los tiempos modernos. La senadora señaló que el pueblo puertorriqueño está listo y solicita que se le permita revocar a los funcionarios electos de sus puestos, razón por la que radicó una medida que permitiría añadir ese proceso a la carta magna.

Reclaman otros tiempos...

Con ella coincidió el representante popular José “Conny” Varela, quien señaló que “los tiempos han cambiado” en los 57 años desde que se escribió la Constitución.

“Tenemos que atemperar la Constitución a la realidad histórica que vive el País, encaminarla al siglo 21. Todavía a los 70 años ahora la gente está en una edad productiva, no hay razón para obligar a los jueces del Tribunal Supremo a retirarse a esa edad”, señaló Varela, quien además de la modificación a la edad del retiro obligatorio de los jueces del Supremo propuso que el nombramiento de los jueces no esté en manos del Ejecutivo y el Legislativo.

Consciente del cúmulo de medidas que hay en la Legislatura para enmendar la carta magna, el representante sugirió que se cree una comisión especial para analizar la viabilidad de los cambios. Este grupo estaría compuesto por académicos, abogados expertos en derecho constitucional y representantes de las ramas de gobierno, sugirió Varela.

“Como sabemos la resistencia que hay entre los compañeros de la mayoría a una Asamblea Constituyente, pues una comisión especial sería una alternativa viable”, señaló el representante popular.

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