Todas estas personas que burlan, burlaron y siguen burlando los reglamentos, leyes y estatutos de nuestra Constitución tienen que devolver el dinero que consiguienron sin tener los requisitos para las cuales fueron o son contratados. Hay que meterlos presos para que los que quieren seguir el ejemplo lo piensen antes de hacerlo.
Como queremos deterner la fuga de talentos, que los futuros líderes de nuestra sociedad puertorriqueña se prepare profesionalmente? EL GOBIERNO EN TURNO ES UNA VERGÜENZA PARA LA SOCIEDAD ACTUAL. Una gran mayoría se ha quedado sorda, muda y ciega.
Por Yaritza Santiago Caraballoend.ysantiago1@elnuevodia.com
Panorama desalentador por las contrataciones de amigos
Expertos dicen que son múltiples los efectos detrimentales de contratos a amigos
Por Yaritza Santiago Caraballo /yaritza.santiago@gfrmedia.com
La contratación de personas sin credenciales para prestar servicios al Gobierno mina la función gubernamental de ofrecer al público servicios adecuados y a costos razonables y desmoraliza a la clase profesional del país.
Pero no solo eso, pues además pone en riesgo la seguridad de los proyectos y los servicios ofrecidos al ciudadano, al encargárselos a personas que carecen de las cualificaciones profesionales para llevarlos a cabo.
Estos son apenas algunos de los efectos que, según expertos consultados, provoca la proliferación de contratos otorgados a militantes del partido en el poder, en lo que parece ser por favores políticos y no por los méritos, la capacidad y preparación del contratista.
Casos como el de Dennis Medina, un empresario vinculado al Partido Nuevo Progresista (PNP) que ha logrado obtener $25 millones en contratos, $20 millones de estos desde el 2009, sin tener licencias que le autorizan a ejercer las funciones para las que fue reclutado, ponen de manifiesto ese patrón que se da en el Gobierno.
Similar es el caso del senador Roger Iglesias, cuya empresa Engineering & Communications Group, fue contratada para ofrecer servicios de inspección de proyectos de construcción a varias agencias públicas, en violación de la ley que exige que estas tareas sean llevadas a cabo por ingenieros licenciados.
“La contratación en el Gobierno de servicios profesionales se ha prostituido”, sostuvo la excontralora Ileana Colón Carlo. Ese ejercicio se supone que sea un suplemento al trabajo que empleados públicos no pueden realizar, pero ya se utiliza como un medio de agradecimiento a los partidarios.
“Lo que se ha hecho es meramente utilizar este gobierno como recurso de reconocimiento y prebenda con las personas que militan en el partido del poder, olvidándose de las necesidades del pueblo”, manifestó la excontralora.
Incentivo a la fuga de talento
Esta práctica también desmoraliza a los estudiantes que se preparan para una carrera y a los profesionales que cumplen con las leyes.
A juicio de la presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Alexandra Jorge, esto amenaza con intensificar la fuga de talento que enfrenta la Isla hacia destinos donde esos profesionales entienden que serán reconocidos por su talento y preparación, y no por sus conexiones políticas.
Profesionales desalentados
Unos 500,000 puertorriqueños han abandonado la Isla durante la pasada década, muchos de ellos profesionales que no encontraron aquí las oportunidades que sí encontraron afuera.
En el caso de Medina, quien fue comisionado electoral de la Palma en San Juan, este fue contratado en el 2010 como tasador licenciado sin tener la licencia para ejercer como tal.
“Se limitan las oportunidades y eso no es alentador porque hay profesionales que están invirtiendo en su educación continua, haciendo las cosas correctamente”, dijo Jorge.
Jorge agregó que el mercado de bienes raíces, por ejemplo, es cambiante y requiere constante educación y el cumplimiento de unos códigos de ética para asegurar el bienestar de sus clientes.
Los contratos a tutiplén también debilitan la confianza que tiene el ciudadano en su Gobierno, lo cual es esencial para el buen funcionamiento de las instituciones públicas, dijo el profesor de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico Mario Negrón.
“Al final del día esto es terrible para el país”, dijo Negrón. “Con esos contratos, se está demostrando que lo que importa es la conexión política, que seas donante, que el grado académico no es necesario. Eso envía una mala señal”, agregó el catedrático.
El pueblo la paga
Para la economista Marta Quiñones, el que el Gobierno favorezca a personas particulares sobre otras es un tipo de corrupción, pues se han saltado y obviado los procesos correspondientes a la hora de otorgar contratos.
A juicio de los entrevistados, esta práctica también pone en riesgo la seguridad de los proyectos, pues las personas contratadas para supervisar las construcciones no están capacitadas para ello, aunque subcontraten a quienes sí lo están.
Además, las subcontrataciones aumentan los costos de los proyectos. Ante este panorama, Colón Carlo dijo que el Gobierno tiene que demandar para recobrar ese dinero otorgado, pues le pertenece al pueblo.
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