Cómplice el Estado del ciclo de la violencia
Deja perder millones que son para asistir y hacer valer derechos
Por Aurora Rivera Arguinzoni /arivera@elnuevodia.com
La violencia letal que cada año cobra cientos de vidas en Puerto Rico no podrá ser combatida efectivamente si no se ayuda a quienes la sobreviven, pues desatenderlos tiene un costo mayor para el país por su potencial de generar más violencia, enfermedades, así como baja en productividad.
Es más, cuando los gobiernos no son capaces de atender a los sobrevivientes del crimen y la violencia de manera efectiva, se hacen cómplices y la institucionalizan.
Así lo advirtieron la semana pasada líderes de iniciativas para la prevención de violencia que por años han investigado y atendido el problema en Puerto Rico. En mesa redonda con El Nuevo Día alertaron sobre la necesidad de que el Estado respalde consistentemente iniciativas basadas en evidencia que apoyan a familias y comunidades afectadas por los estragos de la violencia.
“Si no son atendidas, primero se afecta su productividad, se va a afectar el sistema de salud porque pueden desarrollar consecuencias mayores de salud, desde (enfermedades en) el sistema cardiaco, diabetes, pueden generar un duelo patológico y entonces tenemos un problema de salud mental”, advirtió Myra Rivera Torres, de Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPÁS).
Esa falta de atención también multiplica la violencia, según estudiosos de la conducta como la psicóloga social comunitaria Marizaida Sánchez Cesáreo y el psicólogo clínico Alfonso Martínez Taboas. “Un niño con efectos indirectos de violencia se puede convertir en un maltratante o víctima en el futuro”, apuntó Sánchez Cesáreo.
Se puede afectar hasta su capacidad de aprender, agregó el doctor al citar estudios sobre violencia comunitaria, la que catalogó como “tóxico social”. Dijo que hay comunidades donde un 70% de los niños han sobrevivido violencia.
Los entrevistados lamentaron que en Puerto Rico los gobiernos no han podido implementar un plan integral de seguridad, diseñado de forma inclusiva y participativa y que distribuya efectivamente los recursos. Mencionaron modelos como el implementado en Chile por su expresidenta Michelle Bachelet, que se basa en seis pilares, incluido el de asistencia a víctimas.
Según Sánchez Cesáreo, gran parte de los casi $40 millones de fondos federales que recibe la Isla para prevención de violencia son devueltos porque el gobierno no tiene capacidad técnica para distribuirlos, a pesar de que entidades públicas y privadas hacen el trabajo, a veces hasta sin recursos.
Un ejemplo es ALAPÁS. Su presidenta explicó que, aunque el Departamento de Justicia tiene $14 millones para asistencia a víctimas, este año no le asignó un centavo y aún así le refiere casos.
El pasado año, cuando en Puerto Rico hubo 1,136 muertes violentas, ALAPÁS recibió $24,000 para servicios de terapias profesionales, orientación legal, acompañamiento a procesos judiciales, educación a la comunidad y grupos de apoyo a los familiares inmediatos de esas víctimas. “Tenemos 1,136 asesinatos y dejamos un sector (de víctimas de estos crímenes) desprovistos”, contrastó Rivera Torres, quien fundó ALAPÁS en 1997, luego del asesinato de su hija.
“La idea de todo esto es transformar el dolor en solidaridad y acción por la paz”, recalcó, y recordó que las víctimas también tienen derechos que el Estado tiene que garantizar.
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