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martes, 27 de diciembre de 2011

Fraude ocupacional en Puerto Rico


El fraude ocupacional le cuesta $1,000 millones a las empresas en Puerto Rico

El timo en las empresas a nivel local creció 16% desde el 2006
 
Tres de cada 10 casos de fraude se dieron en empresas de 100 empleados o menos.  (Thinkstock )
Por Joanisabel González /joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El fraude ocupacional en Puerto Rico habría alcanzado los $1,000 millones, una cifra que en gran parte tiene como detonante el pobre estado de la economía, a juicio del experto en la materia Eduardo González Green.
Las pérdidas por fraude ocupacional en la Isla forman parte de los $2.9 billones (trillones) en pérdidas que experimentaron las empresas a nivel global el año pasado por esa práctica, según el Reporte de Fraude Ocupacional y Abuso de la Asociación de Examinadores Certificados en Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés).
Para Puerto Rico, la cifra de $1,000 millones representa un aumento de 16.2% en relación con los $860 millones que se estimaron en un estudio similar realizado en el 2006.
Esos $1,000 millones, sin embargo, podrían más que duplicarse si en el análisis se incluyen actos de fraude gubernamental, como serían las reclamaciones falsas a programas como Medicare, agregó el contador público.
Demora la detección
Más que el dato numérico, lo alarmante, según el contador, es que pueden pasar años sin que la empresa detecte el ardid y los perpetradores del crimen nunca son detenidos.
Según la organización, dedicada a la prevención del fraude ocupacional mediante la capacitación de profesionales, robar dinero de la caja registradora, manipular estados financieros o cometer actos de corrupción en o contra las empresas se ha vuelto tan frecuente que la práctica es una “plaga” que ataca a todo el planeta y es perpetrada por hombres, mujeres, empleados, gerentes, ejecutivos y tanto por personas jóvenes, de mediana edad como de edad avanzada.
Empero, las empresas resienten invertir en fortalecer sus controles internos, dijo González Green, quien participó como orador en un foro reciente sobre fraude ocupacional, celebrado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
“(La situación económica) debe representar una presión mayor. Conozco de empresas donde no ha habido aumentos de salario o donde los empleados experimentaron mermas en salario. Hay familias donde uno trabaja y la otra persona está desempleada”, explicó.
Casos recientes
Relató que recientemente atendió un caso de fraude en una empresa de distribución de piezas en Puerto Rico, donde la contralora sustraía dinero en efectivo, producto de las ventas del negocio. La mujer cometió la fechoría por años sin ser detectada.
Según el contador, la contralora tenía control del sistema de información de la empresa y realizaba diversas funciones relacionadas con finanzas. Esa amplitud de responsabilidad o control permitió a la contralora registrar los pagos en las cuentas de clientes, pero el efectivo de esas transacciones nunca se registraba en los depósitos que se remitían al banco. Cuando se confrontó a la mujer, esta renunció a su cargo alegando que pensaba devolver el dinero y que robó porque su hijo padecía una enfermedad.
Blanco fácil las pymes
González Green agregó que el fraude es más frecuente en las empresas pequeñas y medianas. “Se piensa que si mi empresa es pequeña, el fraude será pequeño y no es así”, indicó.
Según el reporte de la ACFE, en el que se incluye a Puerto Rico, tres de cada 10 casos de fraude se cometieron en empresas de 100 empleados o menos y otros dos se perpetraron en empresas con entre 100 y 999 empleados.
La media de pérdida en empresas pequeñas fue de $155,000, y de $200,000 en lo que se consideraría una empresa mediana. En Puerto Rico, específicamente, la pérdida promedio por empresa supera los $84,000.
Auditorías inservibles
Por su parte, Amanda Capó, contadora certificada en finanzas forenses y examinadora de fraude, indicó que todavía muchas organizaciones confunden una auditoría financiera con investigación forense.
Capó explicó que las auditorías pueden ayudar, “pero no van a evitar la detección” de la práctica. El estudio de la ACFE, indica que los casos de fraude se detectan, principalmente, porque otros empleados de la organización denuncian el acto y en promedio, cuando se detecta la artimaña, ha transcurrido un año y medio.
El reporte indica que, en promedio, cuando se alteran estados financieros, el fraude se identifica unos 27 meses después del hecho. Detectar otras prácticas fraudulentas como falsificar cheques y tomar dinero en efectivo toma 24 meses y 18 meses, respectivamente.
“Mejor que el narcotráfico”
Como agravante, el 85% de quienes cometieron fraude ocupacional no tenían expediente criminal de ningún tipo.
A preguntas de El Nuevo Día en torno al éxito en encausamientos, González Green reconoció que las empresas prefieren transar los casos confidencialmente por la mala publicidad que pueden recibir, siendo el ejemplo clásico de esa consecuencia los casos de fraude bancario.
Agregó que en Estados Unidos existen reportes que apuntan a que ciertos narcotraficantes han cambiado el negocio de la droga ilícita por actividades de fraude. En principio, porque resulta más lucrativo y no existe el temor de que “recibas un balazo”. Esa tendencia se ha hecho evidente en los casos de fraude al programa Medicare, manifestó González Green.
Concluyó que cometer el fraude resulta tan lucrativo que el auge en el robo de identidad responde, en parte, a que se utiliza la información del individuo para presentar reclamaciones falsas al programa federal.

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