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viernes, 30 de septiembre de 2011

Robo, drogas, corrupción y mentiras


Innegable la influencia del narcotráfico en la política puertorriqueña

Experto criminólogo abre el debate sobre la evolución de Puerto Rico a una “narcosociedad”
 
El arresto de Christian Soto Mujíca, legislador municipal de Canóvanas, acusado de narcotráfico, deja expuesta la notable cercanía de este negocio ilícito con la política local. (Archivo)
Por Tania Polanco / INS
El narcotráfico en la Isla se ha convertido en una actividad económica como cualquier otra, con una estructura de negocios solida, institucionalizada y de notable influencia en las esferas del poder político, advirtió hoy el criminólogo Gary Gutiérrez.
El experto expresó que el arresto de Christian Soto Mujíca, legislador municipal de Canóvanas e hijo del alcalde de ese municipio, acusado por un jurado federal de ser líder de un grupo dedicado al trasiego de marihuana, es otra ventana que se abre y que deja expuesta ante la opinión pública la notable cercanía que ha logrado el narcotráfico con personas integradas en el aparato del Estado.
Son estas personas, ligadas al Estado, los que según Gutiérrez tienen poder de cabildeo y que incluso participan en la toma de decisiones sobre asuntos de la vida nacional.
“La vinculación de figuras de la política puertorriqueña con el mundo de las drogas está sobre la mesa y ha quedado retratada en distintos casos, ya sea por que se le atribuye al político una relación cercana con algún personaje del narcotráfico o porque se le atribuye el uso de narcóticos ilegales”, sostuvo el investigador social en temas de criminalidad y drogas.
Recordó que el exsenador Héctor Martínez, convicto por el delito de soborno junto al empresario Juan Bravo, fue señalado como amigo cercano del presunto narcotraficante José “Coquito” López, muerto en un tiroteo en 2008. Legisladores y distintos artistas circularon en los medios de comunicación debido a que supuestamente tenían vínculos con “Coquito”.
El consumo de marihuana llevó a José Aníbal Meléndez, hijo del alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, a renunciar al puesto que ocupaba como Sargento de Armas de la Cámara de Representante, mientras que el legislador Rolando Crespo protagonizó la historia más reciente de drogas en el hemiciclo, tras resultar positivo al consumo de cocaína en una prueba de dopaje que lo dejó fuera de su escaño.
Esta serie de eventos fue catalogada por el criminólogo Gary Gutiérrez como una señal “clara” de que las drogas ilegales están presentes en el ámbito de la política y ganando terreno en los espacios de poder, pese a los planes anticrimen, a los recursos millonarios gastados en operativos de “task force” y a los miles de arrestos realizados en la isla.
Subrayó que entre los actos de corrupción política y las operaciones del narcotráfico existe “un hilo bien delgado”, pues el dinero generado por la venta de drogas tiene un amplio poder de filtración en las estructuras formales del sistema, además de ser una herramienta efectiva para seducir voluntades.
“Si Puerto Rico es una narcosociedad o no, sigue siendo eje del debate entre los académicos, pero la institucionalización de la estructura económica del narcotráfico es un hecho. Y eso queda a la vista en la vida cotidiana, donde campean el uso de drogas ilegales, las balaceras entre bandas de narcotraficantes y los asesinatos por ajustes de cuentas”.
Dijo que resulta revelador que pese a la baja participación laboral y la alarmante tasa de desempleo en la isla, existan niveles de consumo que ubican en lo irracional.
“Estamos hablando de centros comerciales siempre llenos de gente y ventas millonarias por parte de las tiendas multinacionales y de los dealers de vehículos. Ese movimiento es producto de la economía subterránea, especialmente de las actividades del narcotráfico”, puntualizó.
Sostuvo que el dinero producto de actividades ilegales, incluida la venta de drogas, se ha colado en el sistema político de muchos países de América Latina y que Puerto Rico no tiene por que ser la excepción.
“Si las empresas y los grandes comerciantes realizan aportaciones económicas a las campañas políticas, ¿por qué vamos a pensar que los narcotraficantes se van a quedar al margen de esa colaboración económica?, reflexionó el investigador social.
Además, aseguró que en el caso de Puerto Rico prevalece cierta hipocresía en relación a la vigencia, influencia y poder económico del narcotráfico, y a la alta prevalencia de conductas “adictivas” en amplios segmentos de la población.
“Parece existir la política de ‘no preguntes’. Cuando viene un joven a gastar miles de dólares en una tienda, el gerente no se niega a venderle ni le pregunta de donde viene ese dinero. Todo lo contrario, lo hace cliente preferencial”, refirió Gutiérrez, quien ofrece cátedra de criminología en la Universidad Interamericana, recinto de Ponce.
Por otro lado, según explicó, las adicciones abundan, aunque resulte ser un tema del que no se habla mucho debido a los prejuicios.
“Aquí hay gente adicta a la cafeína, a la comida rápida, al tabaco, a la marihuana y a medicamentos, especialmente las pastillas para dormir y los ansiolíticos, eso sin hablar de la adicción a las compras compulsivas”, opinó.
Manifestó que el silencio ante estas conductas propicia que prevalezca un discurso hipócrita con el que se penaliza el uso de drogas narcóticas y se trata de opacar el nivel de problemas de salud mental que afecta a distintos segmentos de la población.
Sobre el nuevo plan anticrimien anunciado la semana pasada por el gobernador Luis Fortuno, señaló que es otro episodio de la política fallida aplicada en esta y en otras administraciones de gobierno.
“Con los asesinatos ocurridos durante esta semana, los llamados ‘delincuentes ‘ le dijeron al gobernador que le importa un bledo que se federalicen los delitos cometidos con armas. Si algo ha demostrado la política centrada en la mera persecución es que no funciona y esta vez no será diferente”, acotó.
Gutiérrez señaló que en Puerto Rico habrá esperanza de bajar la violencia cuando las autoridades atiendan efectivamente los problemas de exclusión social, pobreza y falta de acceso al empleo.

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