Entierran los pivazos
La propuesta reforma electoral redefine el voto mixto y le quita poderes al Presidente del Tribunal Supremo. Mira la fotogalería
Por Israel Rodríguez Sánchez / israel.rodriguez@elnuevodia.com
Si usted fue uno de los 6,676 electores que emitió un “pivazo” en las elecciones de 2004, sepa que podría perder el derecho a ese voto mixto, en caso de que la Legislatura apruebe sin consenso partidista el proyecto de reforma electoral en la próxima sesión. Si vive fuera del área metropolitana y tuviera que hacer alguna impugnación electoral, sepa que esta medida lo obligaría a viajar a San Juan con sus testigos para que un juez atienda el asunto, en lugar de acudir, como ahora, a una sala judicial en su distrito.
Por el contrario, si le preocupan los donativos privados, entérese de que la propuesta ley equiparará los límites permitidos a los de la Comisión Federal de Elecciones, por lo que, en lugar de $5,000 un individuo, podrá donar hasta $55,000 en un cuatrienio. Además, las corporaciones y sindicatos podrán hacer donativos directos a candidatos y partidos.
¿Qué mueve al Gobierno a cambiar el sistema electoral con el que ganó las pasadas elecciones? El consenso de la oposición política es que la reforma electoral, trabajada sin el tradicional consenso partidista, está hecha a la medida del Partido Nuevo Progresista (PNP) para asegurarse su triunfo en las próximas elecciones y en futuros eventos electorales, como consultas de status.
Muerte a los “pivazos”
“Este proyecto enmienda la definición de voto mixto por encima de una decisión constitucional que al día de hoy no ha sido revocada. Esto es un cambio radical que no respeta la voluntad del elector”, afirmó el ex presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Luis Acevedo, al referirse a los votos conocidos como los “pivazos”.
Acevedo se refirió a la decisión del Tribunal Supremo que validó los “pivazos” en la contienda de 2004, en la que Aníbal Acevedo Vilá venció a Pedro Rosselló con esos votos mixtos. “Están yendo por encima de la Constitución”, dijo Acevedo, profesor de Derecho Electoral en la Pontificia Universidad Católica, de Ponce, hace 27 años. Los “pivazos” también quedan anulados en la propuesta de reforma electoral porque “se elimina la disposición adoptada en 1983 para que tú pudieras inscribir un partido votando por su insignia para que sea votando únicamente por su candidato a gobernador”.
En la ley actual un partido puede quedar inscrito si logra 7% de los votos bajo su insignia, 5% de los votos para el candidato a gobernador o 3% en votos íntegros. La nueva medida propone que un partido político necesitaría el 3% de los votos para candidato a gobernador para su inscripción. Una papeleta mixta, según la nueva propuesta, deberá tener al menos un voto válido para un candidato de la columna del partido político por el cual votó el elector.
Golpe de estado al Supremo
En cuanto a las impugnaciones electorales, Acevedo dijo que no sólo serán atendidas en San Juan, sino que se pretende cambiar la Constitución para arrebatarle al juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, la facultad de nombrar al juez que atenderá esos casos, explicó Acevedo. La propuesta ley cambiaría eso para que fuera facultad del pleno del Supremo, controlado por una supermayoría novoprogresista. “Esto es un golpe de estado único en la historia de Puerto Rico porque se pretende que la mayoría en el Tribunal Supremo le quite poderes de administración al Juez Presidente. Es un golpe de estado a la Judicatura a través de la Ley Electoral”, sentenció Acevedo.
Aunque el proyecto elimina la asignación de $3 millones anuales de fondos públicos para los partidos, crea un pareo de fondos de $5 millones para hacer campaña. Pero en el caso de los partidos minoritarios el pareo es de $4 millones porque, de entrada, se le otorga $1 millón de fondos públicos. “Se reintroduce el mantengo electoral para fomentar que se inscriban nuevos partidos y se divida la oposición”, indicó Acevedo.
Los límites de los donativos serán, de acuerdo a la propuesta, los que disponga la Comisión Federal de Elecciones por decisión del Congreso. Por primera vez, se abrirá la puerta para que las corporaciones y sindicatos hagan donativos en virtud de una decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El ex presidente novoprogresista del Senado, Charlie Rodríguez, quien trabajó con la reforma electoral de 2000, sostuvo que al cambiarse la forma en que los partidos pueden quedar inscritos, “no se justifica que puedas tener un voto por un partido, y otro para gobernador y comisionado residente de otro partido”.
En ese sentido, Rodríguez alegó que “no se está reglamentando la intención del elector”.
Añadió que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) tradicionalmente ha quedado inscrito con el 3% de los votos para su candidato a gobernador. No fue posible obtener una reacción del PIP sobre este tema.
Rodríguez favoreció que el pleno del Supremo sea el que decida cómo se atienden las impugnaciones electorales, en lugar del Juez Presidente. “Siempre pensé que aunque se decía Tribunal Supremo, un asunto de la importancia de lo electoral se hacía en consenso con todos los jueces. Uno ha descubierto que no”, señaló. Sostuvo, además, que al final del camino cualquier impugnación electoral va a ser solucionada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el senador popular Jorge Suárez dijo que Rodríguez “había dicho originalmente que estaba en desacuerdo” con el asunto del Supremo, cuando se discutió la propuesta con los miembros de una comisión legislativa.
En cuanto a los donativos, Rodríguez dijo que no tiene problema con el hecho de que se ajusten a lo que determine el Congreso de Estados Unidos y la Comisión Federal de Elecciones. Sin embargo, Rodríguez insistió en que sigue favoreciendo el financiamiento público de las campañas.
Por su parte, el abogado popular Rafael Cox Alomar dijo que “a mí me parece que aquí hay un ánimo de reconfigurar la demografía electoral de Puerto Rico y desdibujar nuestro mapa electoral. Lo primero que hace la propuesta del Senado es eliminar de golpe y porrazo el voto 'pivazo' para que no haya la posibilidad de que se cree otra mayoría utilizando el voto mixto”.
En ese sentido, Cox Alomar señaló que no es coincidencia que se trabaje en el proyecto de reforma electoral y que se hable de un plebiscito criollo para la primavera de próximo año. “Sería la única manera de que la estadidad prevalezca en un plebiscito en Puerto Rico”, dijo Cox Alomar.
“Este gobierno está confundiendo lo que es un mandato para encaminar nuestra economía y crear empleos con un mandato para acaparar y para imponer su mollero sobre todos los sectores de la vida ciudadana del País. Ahí está el Tribunal Supremo, la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Abogado, el Código Electoral. La lista es interminable”, agregó el abogado.
Desbalance electoral
Para el ex secretario de la Cámara, Néstor Duprey Salgado, en la medida en que se abre la puerta a que los grandes intereses influyan económicamente en el proceso electoral se va a reflejar “un desbalance en términos del acceso real a la participación política de profundas consecuencias para el país”. “Uno de los problemas de este proyecto es que no reconoce las diferencias del proceso electoral norteamericano y el proceso electoral puertorriqueño”, sostuvo Duprey Salgado, quien dirigió una comisión especial para la revisión de la Ley Electoral.
Todos los entrevistados coincidieron en que la Legislatura está a tiempo de lograr un consenso sobre este proyecto. “Los votos se ganan en las urnas convenciendo al electorado, no quitándole el derecho al voto a miles de puertorriqueños y controlando los procesos electorales para beneficio de un partido”, concluyó Acevedo.
Por el contrario, si le preocupan los donativos privados, entérese de que la propuesta ley equiparará los límites permitidos a los de la Comisión Federal de Elecciones, por lo que, en lugar de $5,000 un individuo, podrá donar hasta $55,000 en un cuatrienio. Además, las corporaciones y sindicatos podrán hacer donativos directos a candidatos y partidos.
¿Qué mueve al Gobierno a cambiar el sistema electoral con el que ganó las pasadas elecciones? El consenso de la oposición política es que la reforma electoral, trabajada sin el tradicional consenso partidista, está hecha a la medida del Partido Nuevo Progresista (PNP) para asegurarse su triunfo en las próximas elecciones y en futuros eventos electorales, como consultas de status.
Muerte a los “pivazos”
“Este proyecto enmienda la definición de voto mixto por encima de una decisión constitucional que al día de hoy no ha sido revocada. Esto es un cambio radical que no respeta la voluntad del elector”, afirmó el ex presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Luis Acevedo, al referirse a los votos conocidos como los “pivazos”.
Acevedo se refirió a la decisión del Tribunal Supremo que validó los “pivazos” en la contienda de 2004, en la que Aníbal Acevedo Vilá venció a Pedro Rosselló con esos votos mixtos. “Están yendo por encima de la Constitución”, dijo Acevedo, profesor de Derecho Electoral en la Pontificia Universidad Católica, de Ponce, hace 27 años. Los “pivazos” también quedan anulados en la propuesta de reforma electoral porque “se elimina la disposición adoptada en 1983 para que tú pudieras inscribir un partido votando por su insignia para que sea votando únicamente por su candidato a gobernador”.
En la ley actual un partido puede quedar inscrito si logra 7% de los votos bajo su insignia, 5% de los votos para el candidato a gobernador o 3% en votos íntegros. La nueva medida propone que un partido político necesitaría el 3% de los votos para candidato a gobernador para su inscripción. Una papeleta mixta, según la nueva propuesta, deberá tener al menos un voto válido para un candidato de la columna del partido político por el cual votó el elector.
Golpe de estado al Supremo
En cuanto a las impugnaciones electorales, Acevedo dijo que no sólo serán atendidas en San Juan, sino que se pretende cambiar la Constitución para arrebatarle al juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, la facultad de nombrar al juez que atenderá esos casos, explicó Acevedo. La propuesta ley cambiaría eso para que fuera facultad del pleno del Supremo, controlado por una supermayoría novoprogresista. “Esto es un golpe de estado único en la historia de Puerto Rico porque se pretende que la mayoría en el Tribunal Supremo le quite poderes de administración al Juez Presidente. Es un golpe de estado a la Judicatura a través de la Ley Electoral”, sentenció Acevedo.
Aunque el proyecto elimina la asignación de $3 millones anuales de fondos públicos para los partidos, crea un pareo de fondos de $5 millones para hacer campaña. Pero en el caso de los partidos minoritarios el pareo es de $4 millones porque, de entrada, se le otorga $1 millón de fondos públicos. “Se reintroduce el mantengo electoral para fomentar que se inscriban nuevos partidos y se divida la oposición”, indicó Acevedo.
Los límites de los donativos serán, de acuerdo a la propuesta, los que disponga la Comisión Federal de Elecciones por decisión del Congreso. Por primera vez, se abrirá la puerta para que las corporaciones y sindicatos hagan donativos en virtud de una decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El ex presidente novoprogresista del Senado, Charlie Rodríguez, quien trabajó con la reforma electoral de 2000, sostuvo que al cambiarse la forma en que los partidos pueden quedar inscritos, “no se justifica que puedas tener un voto por un partido, y otro para gobernador y comisionado residente de otro partido”.
En ese sentido, Rodríguez alegó que “no se está reglamentando la intención del elector”.
Añadió que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) tradicionalmente ha quedado inscrito con el 3% de los votos para su candidato a gobernador. No fue posible obtener una reacción del PIP sobre este tema.
Rodríguez favoreció que el pleno del Supremo sea el que decida cómo se atienden las impugnaciones electorales, en lugar del Juez Presidente. “Siempre pensé que aunque se decía Tribunal Supremo, un asunto de la importancia de lo electoral se hacía en consenso con todos los jueces. Uno ha descubierto que no”, señaló. Sostuvo, además, que al final del camino cualquier impugnación electoral va a ser solucionada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el senador popular Jorge Suárez dijo que Rodríguez “había dicho originalmente que estaba en desacuerdo” con el asunto del Supremo, cuando se discutió la propuesta con los miembros de una comisión legislativa.
En cuanto a los donativos, Rodríguez dijo que no tiene problema con el hecho de que se ajusten a lo que determine el Congreso de Estados Unidos y la Comisión Federal de Elecciones. Sin embargo, Rodríguez insistió en que sigue favoreciendo el financiamiento público de las campañas.
Por su parte, el abogado popular Rafael Cox Alomar dijo que “a mí me parece que aquí hay un ánimo de reconfigurar la demografía electoral de Puerto Rico y desdibujar nuestro mapa electoral. Lo primero que hace la propuesta del Senado es eliminar de golpe y porrazo el voto 'pivazo' para que no haya la posibilidad de que se cree otra mayoría utilizando el voto mixto”.
En ese sentido, Cox Alomar señaló que no es coincidencia que se trabaje en el proyecto de reforma electoral y que se hable de un plebiscito criollo para la primavera de próximo año. “Sería la única manera de que la estadidad prevalezca en un plebiscito en Puerto Rico”, dijo Cox Alomar.
“Este gobierno está confundiendo lo que es un mandato para encaminar nuestra economía y crear empleos con un mandato para acaparar y para imponer su mollero sobre todos los sectores de la vida ciudadana del País. Ahí está el Tribunal Supremo, la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Abogado, el Código Electoral. La lista es interminable”, agregó el abogado.
Desbalance electoral
Para el ex secretario de la Cámara, Néstor Duprey Salgado, en la medida en que se abre la puerta a que los grandes intereses influyan económicamente en el proceso electoral se va a reflejar “un desbalance en términos del acceso real a la participación política de profundas consecuencias para el país”. “Uno de los problemas de este proyecto es que no reconoce las diferencias del proceso electoral norteamericano y el proceso electoral puertorriqueño”, sostuvo Duprey Salgado, quien dirigió una comisión especial para la revisión de la Ley Electoral.
Todos los entrevistados coincidieron en que la Legislatura está a tiempo de lograr un consenso sobre este proyecto. “Los votos se ganan en las urnas convenciendo al electorado, no quitándole el derecho al voto a miles de puertorriqueños y controlando los procesos electorales para beneficio de un partido”, concluyó Acevedo.
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