Secretario del Tesoro insiste en presionar al Congreso
Jacob Lew descarta acción ejecutiva sobre la crisis fiscal
NUEVA YORK - Jacob Lew, secretario del
Tesoro, insiste en que el gobierno del presidente Barack Obama no tiene
guardado un as bajo la manga para evitar el colapso de la economía del
gobierno de Puerto Rico si la mayoría republicana del Congreso impide
legislación que permita una restructuración abarcadora de la deuda
pública.
En una entrevista este fin de semana con la cadena Univisión, el secretario del Tesoro afirmó que "no hay una bala de plata" y reafirmó que se necesita acción del Congreso, al que le han pedido acompañar una junta federal de control fiscal con un mecanismo que permita una reestructuración abarcadora de la deuda pública, pues "es la alternativa a un rescate financiero".
Los esfuerzos en el Congreso se centran en tratar de enmendar el proyecto 4900 del republicano Sean Duffy (Wisconsin), respaldado por el speaker Paul Ryan, que crearía una junta federal - de siete personas designadas por el presidente de EE.UU., cuatro recomendadas por los líderes legislativos del GOP-, que tomaría las decisiones últimas en Puerto Rico sobre planes fiscales, presupuesto y cualquier legislación, incluidas normas ambientales.
A cambio, la legislación puede autorizar posibles procesos para reestructurar la deuda pública, primero por negociaciones voluntarias, aunque cinco de los siete miembros pudieran forzar que la discusión llegue ante un juez. Para un acuerdo voluntario se requiere, sin embargo, el apoyo de por los menos de dos tercios de los acreedores con unas inversiones en una entidad del gobierno.
Como está redactado el proceso de reestructuración, los demócratas del Congreso y el Tesoro consideran que sería improbable obligar procesos de reestructuración que son necesarios.
"Tienen que proponer una reestructuración que funcione", indicó Lew, sobre el Congreso.
A Lew se le preguntó cuán preocupado está sobre la corrupción y las "recientes alegaciones de conflicto de interés en torno al liderato de la Isla".
"Hay antecedentes en el manejo financiero y en la administración pública de la isla, asuntos de corrupción que necesita atenderse. La junta de supervisión tendrá un papel significativamente importante en ayudar a construir las herramientas para Puerto Rico que permitan solucionar algunos de esos problemas. Lo que no creo es que 3.5 millones de estadounidenses sean los que tengan que pagar porque sus líderes no construyeran las bases adecuadas. Para eso es que necesitas una junta de supervisión, necesitas reestructuración, para potenciar las instituciones en Puerto Rico para que el futuro económico sea uno con un panorama positivo", indicó Lew.
En su página de internet, aunque no le mencionaron ningún nombre al secretario Lew según el vídeo de la entrevista, Univisión dice que se referían en la pregunta, entre otras cosas, al reportaje de The New York Times sobre las denuncias de que la oficina del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, fue cabildeada por dos clientes de la empresa de asesoría financiera de su esposa en torno al debate en el Congreso sobre la crisis fiscal.
Pierluisi ha advertido que la empresa de su esposa, María Elena Carrión, no asesora a ninguna empresa sobre los bonos del gobierno de Puerto Rico ni asume ningún rol con esas compañías en relación a los gobiernos de EEUU y la Isla.
Ante la presión de grandes firmas de inversiones en contra del proyecto 4900, Lew advirtió que "no todos los acreedores están en contra de la legislación".
En diciembre, cuando se pensaba que estaba muy cerca un impago masivo de la deuda pública, el consejero de Lew, Antonio Weiss – quien tiene las funciones de subsecretario para Finanzas Domésticas-, afirmó que el gobierno del presidente Barack Obama no se quedaría cruzado de brazos si el Congreso no actuaba.
En enero, el propio presidente Obama, sostuvo – hablando sobre sus decretos en torno a inmigración con la publicación Politico -, que "las acciones ejecutivas, en mi opinión, ha sido siempre importante utilizarlas cuando el proceso legislativo se ha agotado".
Pero, en momentos en que la legislación 4900 está estancada - principalmente ante el rechazo de republicanos conservadores a la posibilidad de una reestructuración que incluya las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico-, y el impago masivo puede ocurrir entre mayo y el 1 de julio, el Tesoro prefiere eludir hablar de posibles acciones de emergencia por la vía ejecutiva.
En el pasado, diversos sectores han solicitado al gobierno federal que garantice o compre una emisión de bonos, por lo menos a corto plazo, para evitar la insolvencia del gobierno de Puerto Rico al terminar este semestre. Otros le han solicitado al secretario Lew que ponga el peso de su puesto en funciones de mediador, como parte de las negociaciones que tienen lugar entre el gobierno de Puerto Rico y algunos de sus acreedores.
"Muchos intereses quieren protegerse", dijo Lew en la entrevista, pero sostuvo que "el interés de 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses tiene que ser la prioridad" y así evitar "una situación de caos para los acreedores y para la economía de Puerto Rico".
En una entrevista este fin de semana con la cadena Univisión, el secretario del Tesoro afirmó que "no hay una bala de plata" y reafirmó que se necesita acción del Congreso, al que le han pedido acompañar una junta federal de control fiscal con un mecanismo que permita una reestructuración abarcadora de la deuda pública, pues "es la alternativa a un rescate financiero".
Los esfuerzos en el Congreso se centran en tratar de enmendar el proyecto 4900 del republicano Sean Duffy (Wisconsin), respaldado por el speaker Paul Ryan, que crearía una junta federal - de siete personas designadas por el presidente de EE.UU., cuatro recomendadas por los líderes legislativos del GOP-, que tomaría las decisiones últimas en Puerto Rico sobre planes fiscales, presupuesto y cualquier legislación, incluidas normas ambientales.
A cambio, la legislación puede autorizar posibles procesos para reestructurar la deuda pública, primero por negociaciones voluntarias, aunque cinco de los siete miembros pudieran forzar que la discusión llegue ante un juez. Para un acuerdo voluntario se requiere, sin embargo, el apoyo de por los menos de dos tercios de los acreedores con unas inversiones en una entidad del gobierno.
Como está redactado el proceso de reestructuración, los demócratas del Congreso y el Tesoro consideran que sería improbable obligar procesos de reestructuración que son necesarios.
"Tienen que proponer una reestructuración que funcione", indicó Lew, sobre el Congreso.
A Lew se le preguntó cuán preocupado está sobre la corrupción y las "recientes alegaciones de conflicto de interés en torno al liderato de la Isla".
"Hay antecedentes en el manejo financiero y en la administración pública de la isla, asuntos de corrupción que necesita atenderse. La junta de supervisión tendrá un papel significativamente importante en ayudar a construir las herramientas para Puerto Rico que permitan solucionar algunos de esos problemas. Lo que no creo es que 3.5 millones de estadounidenses sean los que tengan que pagar porque sus líderes no construyeran las bases adecuadas. Para eso es que necesitas una junta de supervisión, necesitas reestructuración, para potenciar las instituciones en Puerto Rico para que el futuro económico sea uno con un panorama positivo", indicó Lew.
En su página de internet, aunque no le mencionaron ningún nombre al secretario Lew según el vídeo de la entrevista, Univisión dice que se referían en la pregunta, entre otras cosas, al reportaje de The New York Times sobre las denuncias de que la oficina del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, fue cabildeada por dos clientes de la empresa de asesoría financiera de su esposa en torno al debate en el Congreso sobre la crisis fiscal.
Pierluisi ha advertido que la empresa de su esposa, María Elena Carrión, no asesora a ninguna empresa sobre los bonos del gobierno de Puerto Rico ni asume ningún rol con esas compañías en relación a los gobiernos de EEUU y la Isla.
Ante la presión de grandes firmas de inversiones en contra del proyecto 4900, Lew advirtió que "no todos los acreedores están en contra de la legislación".
En diciembre, cuando se pensaba que estaba muy cerca un impago masivo de la deuda pública, el consejero de Lew, Antonio Weiss – quien tiene las funciones de subsecretario para Finanzas Domésticas-, afirmó que el gobierno del presidente Barack Obama no se quedaría cruzado de brazos si el Congreso no actuaba.
En enero, el propio presidente Obama, sostuvo – hablando sobre sus decretos en torno a inmigración con la publicación Politico -, que "las acciones ejecutivas, en mi opinión, ha sido siempre importante utilizarlas cuando el proceso legislativo se ha agotado".
Pero, en momentos en que la legislación 4900 está estancada - principalmente ante el rechazo de republicanos conservadores a la posibilidad de una reestructuración que incluya las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico-, y el impago masivo puede ocurrir entre mayo y el 1 de julio, el Tesoro prefiere eludir hablar de posibles acciones de emergencia por la vía ejecutiva.
En el pasado, diversos sectores han solicitado al gobierno federal que garantice o compre una emisión de bonos, por lo menos a corto plazo, para evitar la insolvencia del gobierno de Puerto Rico al terminar este semestre. Otros le han solicitado al secretario Lew que ponga el peso de su puesto en funciones de mediador, como parte de las negociaciones que tienen lugar entre el gobierno de Puerto Rico y algunos de sus acreedores.
"Muchos intereses quieren protegerse", dijo Lew en la entrevista, pero sostuvo que "el interés de 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses tiene que ser la prioridad" y así evitar "una situación de caos para los acreedores y para la economía de Puerto Rico".
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