"Los negros casi no salen"
Deportaciones de la noche a la mañana y un panorama singularizado
por el miedo fuerzan a los dominicanos de ascendencia haitiana a
modificar sus movimientos en República Dominicana
Activistas que defienden los derechos de los emigrantes se
preparan para hacer frente a más deportaciones de haitianos o
descendientes de haitianos. (AP)
Por Ben Fox / The Associated Press
Puerto Príncipe - Wilver Cuevas Betances nació en la República
Dominicana y jamás salió del país hasta que unos soldados le pidieron su
pasaporte en una terminal de autobuses de Santo Domingo. “No llevo
pasaporte. Soy dominicano”, les dijo, según relata. Aunque
hablaba perfecto español y tenía un carnet de identificación dominicano
indicando el lugar donde había nacido, al día siguiente fue deportado a
Haití. Cuatro días después, tras pasar la noche en el banco de un
parque en la capital haitiana, fue a las oficinas de una organización
que asiste a los emigrantes, en la que tuvo problemas para hacerse
entender hablando creole, un idioma que no domina.“No tengo nada aquí”, expresó. “No conozco a nadie”.
Activistas que defienden los derechos de los emigrantes se preparan para hacer frente a más deportaciones de haitianos o descendientes de haitianos tras la aprobación en República Dominicana de la ley con nuevos requisitos para ser considerado ciudadano. Hasta ahora no ha habido deportaciones masivas, pero abundan los relatos de personas expulsadas del país de la noche a la mañana, en algunos casos por el color de su piel.
“Los negros casi no salen (a las calles de República Dominicana), porque están deteniendo a mucha gente de piel oscura”, dijo Cuevas en una entrevista en las oficinas del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, un organismo no gubernamental.
En septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana dijo que haber nacido en el país no garantiza la ciudadanía y que los hijos de personas que están en el país ilegalmente no deben ser considerados dominicanos. Organizaciones defensoras de los derechos de los haitianos dicen que unas 200,000 personas podrían ser despojadas de la ciudadanía dominicana y de los documentos necesarios para asistir a la escuela y trabajar. El gobierno afirmó que solo 24,000 personas se verían afectadas.
De hecho, las autoridades dominicanas anunciaron el viernes un plan para regularizar a los miles de descendientes de extranjeros que perderán la nacionalidad debido al fallo del TC. Se informó que el plan será difundido cuando el presidente Danilo Medina firme el decreto correspondiente y será puesto en funcionamiento inmediatamente.
Pero al ser abordados, los portavoces gubernamentales se negaron a precisar en cuanto a los detalles del plan. Según un borrador del plan de regularización que había diseñado la dirección de Migración y al que tuvo acceso The Associated Press, para obtener la residencia temporal, los descendientes de extranjeros deberían acumular puntos con base en su nivel de arraigo en el país, como permanencia en territorio dominicano, escolaridad, vínculos filiales y propiedades.
El fallo del TC, basado en una nueva constitución aprobada en el 2010, refleja la profunda animosidad que hay en la República Dominicana hacia la enorme cantidad de haitianos que viven en ese país, muchos de ellos traídos para trabajar en la industria azucarera, lo mismo que sus descendientes. “Las deportaciones se han mantenido estables desde del 2007”, expresó Tobias Metzner, ejecutivo de la Organización Internacional de Migraciones basado en Haití. “(Pero) El contexto legal ha cambiado. El dictamen del tribunal es una nueva justificación”. César Piña Toribio, asesor legal del presidente dominicano, defendió la posición del gobierno ante la Organización de Estados Americanos el mes pasado. Dijo que el objetivo es recuperar el control de los registros de ciudadanía y aseguró que se le permitirá a los afectados obtener la residencia permanente legal. Sin embargo, no hay nada concreto con el recién anunciado plan y hace semanas que la nueva ley ya se ha estado haciendo sentir.
Hay historias de personas que fueron denunciadas a las autoridades de inmigración y deportadas por alguna pelea con un vecino o que son expulsadas abruptamente del país en momentos en que sus patrones tienen problemas económicos, indicó Metzner. Los haitianos dicen que a veces pagan a los soldados para no ser arrestados o que son retenidos si no tienen suficiente dinero para pagar sobornos, según Colette Lespinasse, directora del Grupo de Apoyo que asiste a Wilver Cuevas. Abundan además las denuncias de que las autoridades están deportando a haitianos o quedándose con los documentos de residencia de personas de piel oscura o con nombres franceses que pueden indicar ascendencia haitiana.
Gente como Dilsia Teresa Jean, de 23 años, que vivió toda su vida en un pueblo al noroeste de Santo Domingo, temen ir a la capital. “Pienso que me van a detener”, comentó. “Los conductores de autobuses te miran raro”.
Los soldados parecen haber malinterpretado las leyes cuando detuvieron a Cuevas, un albañil que dice que su única conexión con Haití es que tenía un abuelo haitiano, ya fallecido. La nueva ley no abarca a las personas cuyo padre o madre es residente legal, aseguró Piña, el asesor presidencial. El caso refleja la complejidad del fallo del tribunal constitucional, según los activistas. Cuando alguien es enviado a Haití, generalmente queda a la deriva, perdido. El país se ha recuperado bastante del terremoto de enero del 2010, pero su economía apenas funciona y no hay trabajo. El Banco Mundial dice que casi el 80% de la gente vive con menos de dos dólares diarios. Encima de eso, los deportados llegan a un Haití polarizado por reclamos por el alto costo de vida y brotes recientes de violencia por opositores al presidente Michel Martelly.
Activistas dicen que la gente que es deportada a Haití casi siempre trata de regresar a la República Dominicana. Lespinasse, señaló que ese organismo trata de encontrar parientes de los deportados en Haití para ponerlos en contacto, pero que a menudo llevan tanto tiempo fuera del país que han perdido todo contacto con sus familiares. Sus penurias, no obstante, no pasan inadvertidas. Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, se han interesado en el tema y la Comunidad Caribeña le pidió a la República Dominicana que no le quite la nacionalidad a los haitianos, al tiempo que convocó a una sesión de emergencia para hablar del asunto. Lespinasse y los demás trabajan caso por caso. En relación con Cuevas, pedirán al gobierno que permita su retorno y agregó que hay muchos más como él. “Tienen todo allí (en la República Dominicana)”, afirmó. “Allí están sus familias, su dinero, su trabajo”.
Activistas que defienden los derechos de los emigrantes se preparan para hacer frente a más deportaciones de haitianos o descendientes de haitianos tras la aprobación en República Dominicana de la ley con nuevos requisitos para ser considerado ciudadano. Hasta ahora no ha habido deportaciones masivas, pero abundan los relatos de personas expulsadas del país de la noche a la mañana, en algunos casos por el color de su piel.
“Los negros casi no salen (a las calles de República Dominicana), porque están deteniendo a mucha gente de piel oscura”, dijo Cuevas en una entrevista en las oficinas del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, un organismo no gubernamental.
En septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana dijo que haber nacido en el país no garantiza la ciudadanía y que los hijos de personas que están en el país ilegalmente no deben ser considerados dominicanos. Organizaciones defensoras de los derechos de los haitianos dicen que unas 200,000 personas podrían ser despojadas de la ciudadanía dominicana y de los documentos necesarios para asistir a la escuela y trabajar. El gobierno afirmó que solo 24,000 personas se verían afectadas.
De hecho, las autoridades dominicanas anunciaron el viernes un plan para regularizar a los miles de descendientes de extranjeros que perderán la nacionalidad debido al fallo del TC. Se informó que el plan será difundido cuando el presidente Danilo Medina firme el decreto correspondiente y será puesto en funcionamiento inmediatamente.
Pero al ser abordados, los portavoces gubernamentales se negaron a precisar en cuanto a los detalles del plan. Según un borrador del plan de regularización que había diseñado la dirección de Migración y al que tuvo acceso The Associated Press, para obtener la residencia temporal, los descendientes de extranjeros deberían acumular puntos con base en su nivel de arraigo en el país, como permanencia en territorio dominicano, escolaridad, vínculos filiales y propiedades.
El fallo del TC, basado en una nueva constitución aprobada en el 2010, refleja la profunda animosidad que hay en la República Dominicana hacia la enorme cantidad de haitianos que viven en ese país, muchos de ellos traídos para trabajar en la industria azucarera, lo mismo que sus descendientes. “Las deportaciones se han mantenido estables desde del 2007”, expresó Tobias Metzner, ejecutivo de la Organización Internacional de Migraciones basado en Haití. “(Pero) El contexto legal ha cambiado. El dictamen del tribunal es una nueva justificación”. César Piña Toribio, asesor legal del presidente dominicano, defendió la posición del gobierno ante la Organización de Estados Americanos el mes pasado. Dijo que el objetivo es recuperar el control de los registros de ciudadanía y aseguró que se le permitirá a los afectados obtener la residencia permanente legal. Sin embargo, no hay nada concreto con el recién anunciado plan y hace semanas que la nueva ley ya se ha estado haciendo sentir.
Hay historias de personas que fueron denunciadas a las autoridades de inmigración y deportadas por alguna pelea con un vecino o que son expulsadas abruptamente del país en momentos en que sus patrones tienen problemas económicos, indicó Metzner. Los haitianos dicen que a veces pagan a los soldados para no ser arrestados o que son retenidos si no tienen suficiente dinero para pagar sobornos, según Colette Lespinasse, directora del Grupo de Apoyo que asiste a Wilver Cuevas. Abundan además las denuncias de que las autoridades están deportando a haitianos o quedándose con los documentos de residencia de personas de piel oscura o con nombres franceses que pueden indicar ascendencia haitiana.
Gente como Dilsia Teresa Jean, de 23 años, que vivió toda su vida en un pueblo al noroeste de Santo Domingo, temen ir a la capital. “Pienso que me van a detener”, comentó. “Los conductores de autobuses te miran raro”.
Los soldados parecen haber malinterpretado las leyes cuando detuvieron a Cuevas, un albañil que dice que su única conexión con Haití es que tenía un abuelo haitiano, ya fallecido. La nueva ley no abarca a las personas cuyo padre o madre es residente legal, aseguró Piña, el asesor presidencial. El caso refleja la complejidad del fallo del tribunal constitucional, según los activistas. Cuando alguien es enviado a Haití, generalmente queda a la deriva, perdido. El país se ha recuperado bastante del terremoto de enero del 2010, pero su economía apenas funciona y no hay trabajo. El Banco Mundial dice que casi el 80% de la gente vive con menos de dos dólares diarios. Encima de eso, los deportados llegan a un Haití polarizado por reclamos por el alto costo de vida y brotes recientes de violencia por opositores al presidente Michel Martelly.
Activistas dicen que la gente que es deportada a Haití casi siempre trata de regresar a la República Dominicana. Lespinasse, señaló que ese organismo trata de encontrar parientes de los deportados en Haití para ponerlos en contacto, pero que a menudo llevan tanto tiempo fuera del país que han perdido todo contacto con sus familiares. Sus penurias, no obstante, no pasan inadvertidas. Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, se han interesado en el tema y la Comunidad Caribeña le pidió a la República Dominicana que no le quite la nacionalidad a los haitianos, al tiempo que convocó a una sesión de emergencia para hablar del asunto. Lespinasse y los demás trabajan caso por caso. En relación con Cuevas, pedirán al gobierno que permita su retorno y agregó que hay muchos más como él. “Tienen todo allí (en la República Dominicana)”, afirmó. “Allí están sus familias, su dinero, su trabajo”.
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