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domingo, 24 de abril de 2016

Estatus de la isla de PUERTO RICO, ¿colonia, estado 51 o naci'on independiente?

“Puerto Rico ha pasado la etapa de que necesite estar bajo sindicatura”

El juez Juan Torruella acusa a Estados Unidos de querer profundizar la colonia, por sus propios intereses económicos

domingo, 24 de abril de 2016 - 12:00 AM
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Torruella revoleteó el avispero político en la Isla cuando divulgó un mensaje que dio el fin de semana anterior en Nueva York(Archivo / GFR Media)
WASHINGTON- En boca de un juez federal de apelaciones, que cree que Puerto Rico debe ser el estado 51 de Estados Unidos, suena diferente. Radical. Contundente.
Juan Torruella, el juez federal y el ciudadano,  acusa al liderato del Congreso de querer revertir los pequeños avances democráticos en Puerto Rico y desempeñar el papel de cobrador a nombre de las  firmas de inversiones, por medio de la idea de imponer una junta federal de control fiscal sobre el gobierno de la Isla.
El veterano juez - con casi 32 años en  el Primer Circuito de Apelaciones federales,  en Boston (Massachusetts), y otros 10 antes como juez del  Tribunal Federal de San Juan-, habla sin sordina sobre los abusos que comete el Congreso contra la Isla.
Torruella revoleteó el avispero político en la Isla cuando divulgó un mensaje que dio el fin de semana anterior en Nueva York, ante la institución universitaria de justicia criminal “John Jay College”, en el que subrayó que el proyecto de ley que propone una junta federal de control fiscal profundiza la discriminación colonial de Estados Unidos hacia la Isla.
Lee el discurso en español
Lee el discurso en inglés
Más aún, advirtió que tachar el poco espacio de gobierno propio que tiene la Isla puede  "desencadenar no solo simple desobediencia civil o resistencia, sino radicalización o violencia directa, como la que vio Puerto Rico en los 1930, 1940 y 1950".
Si el legislativo estadounidense  - al que los puertorriqueños de la Isla, como a la posible junta federal de control fiscal, no le pueden exigir que rinda cuentas-, decide arrancarle el limitado gobierno propio que tiene, será otra vez, considera,  pensando en sus intereses.
“Este confrontamiento, que es como lo debo llamar, trae a la luz que somos una colonia”, dijo Torruella en una entrevista telefónica  con El Nuevo Día.
Piensa que hay que mantener un ojo en los dos casos que tiene pendiente el Tribunal Supremo de EE.UU. sobre Puerto Rico, que pueden generar decisiones u opiniones que de alguna manera hagan referencia a la naturaleza de las relaciones entre Washington y San Juan.
Deportista de toda la vida – voleibolista, baloncelista y, sobre todo, yatista-, Torruella cumple 83 años en junio y dice que el calendario ha frenado sus oportunidades de recreación.
Pero, como ha hecho con sus expresiones a favor de la legalización de la marihuana, sigue dispuesto a poner acentos donde los considera imprescindibles.
Ha hecho una lectura de cargos contra el gobierno de EE.UU.
-Digo los hechos. Creo simplemente que en este momento se está tratando injustamente a Puerto Rico. Como ciudadano de Estados Unidos, residente de Puerto Rico y puertorriqueño, entiendo que es una situación que se debe corregir para el beneficio no solamente de los puertorriqueños, sino de Estados Unidos. No creo que Estados Unidos deba ser reconocido como un país colonizador.
¿Reexamina Estados Unidos su relación con Puerto Rico o responde a una crisis temporal?
-Creo que la crisis temporal es la que trae a la luz una situación que está subyacente desde hace tiempo.
 ¿Se vive un momento clave en el debate sobre el status político de Puerto Rico? 
-Definitivamente, es un momento clave en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Dependiendo de lo que se decida en esos dos casos puede haber un cambio radical en esta situación o simplemente puede ser una extensión de lo que ya existe.
¿Cree posible que toda esta convulsión pueda aun terminar en nada, que no genere cambios en el status político?
-Va a tener una injerencia grande. No creo que el Tribunal Supremo vaya en este momento a hacer un cambio radical. Si lo  decidiera, la pregunta es si es hacia algo mejor o peor.
En Puerto Rico hay quien considera que  debe darse la bienvenida a una junta federal por encima del gobierno de Puerto Rico. Usted dice que no.
-Respeto la opinión de otras personas. Todo depende de lo que salga del Congreso. Pero, creo que Puerto Rico ya ha pasado de la etapa de que necesite estar bajo una sindicatura. Existe un gobierno democráticamente electo en Puerto Rico y espero que sea así en el futuro. Una junta por encima del gobierno, una junta no electa sería volver a los tiempos la Ley Foraker, de hace más de 100 años. Es un retroceso político.
¿Por qué puede generar violencia?
-No estoy diciendo que la va a haber. Creo que hay mucho descontento en Puerto Rico con la forma en que (EE.UU.) brega con Puerto Rico-, independientemente de que unos estén a favor o en contra, especialmente por la actitud del Congreso. Las situaciones de violencia que existieron en el pasado se habían menguado porque en gran medida se le estaba dando más poder internamente a Puerto Rico. Ahora, lo que propone el Congreso es un retroceso. Una de las posibilidades es que empiecen a surgir nuevamente actos de protestas y situaciones de violencia. Espero que no lo sea, pero es una posibilidad que se agranda con este tipo de confrontamiento. Es positivo que EE.UU. reconozca que somos una colonia.  Pero, si esto es solo para machacar que somo una colonia y vamos a seguir siendo una, entonces trae esa situación (de posibles actos de violencia).
¿Le sorprendió la intervención del Procurador General en el caso de Puerto Ricoversus Sánchez Valle? No tenían que intervenir en ese caso, pendiente ante el Tribunal Supremo de EE.UU. y que cuestiona si Puerto Rico tiene soberanía propia para propósitos de la cláusula constitucional de doble exposición. Pero, decidieron advertir que el poder del Congreso sobre la Isla nunca ha variado desde la invasión de 1898.
-Quizá solo en parte porque han dicho otras cosas diferentes en otras ocasiones. Lo que me molesta es que exista la situación colonial, pero no estoy seguro de que estén equivocados.
En su argumentación en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, la subprocuradora general de Justicia sostuvo que el Congreso tenía poderes plenarios sobre la Isla, pero que eso no significaba que quisieran limitar más la autonomía local. Pero, los proyectos republicanos, el más reciente prácticamente bendecido por el Tesoro, eso es exactamente lo que hacen.
-Cuando se discutía en el Congreso la Ley 600 (de relaciones federales) que permitió la Constitución de Puerto Rico, en una ocasión a Luis Muñoz Marín le preguntaron que debido a que era una ley federal si un Congreso posterior pudiera revocarla. Muñoz dijo, y lo estoy parafraseando, ‘si en Puerto Rico se volvieran locos (ustedes) pueden volver a legislar’. Posiblemente en ese punto estamos. Demuestran que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico.
Con la crisis fiscal y política de Puerto Rico en vitrina, fue un momento de candidez o un mensaje dirigido al Congreso.
-Prefiero no seguir hablando de ese caso.
¿Busca el presidente de EE.UU. trazar un camino para enfrentar el debate de status? 
-Históricamente los presidentes, aún (William) McKinley, han favorecido relativamente a Puerto Rico. El problema ha sido el Congreso, que no quiere soltar riendas. El Congreso, además de ser dónde se aprueban las leyes y recae el poder sobre Puerto Rico, se supone que refleje el sentir del pueblo americano. Creo que el pueblo americano es más liberal que el Congreso, sobre todo el presente, controlado – en el lado republicano-, por el Tea Party.  Está controlado por intereses económicos que quieren un resultado. En efecto se han convertido en una agencia de cobros.
¿Puede resolverse por la vía judicial el caso político de Puerto Rico?
-Sinceramente creía que a la larga era  posible. Pero, las cortes no se han mostrado muy valientes o aptas a resolver un problema que crearon los propios tribunales. La doctrina de los Casos Insulares fue un invento del Tribunal Supremo, el mismo tribunal que había validado la segregación racial. Podrían resolver esto revisando los casos insulares y la doctrina sobre los tratados internacionales en que ha participado EE.UU., que requieren que se resuelva esta situación colonial. Pero, los tribunales no han querido poner en efecto los tratados internacionales que se convierten en ley de EE.UU. una vez el Senado los ratifica.
Sin duda en el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle el tribunal tiene espacio para entrar en la naturaleza de las relaciones generales político jurídicas con EE.UU. ¿Ve espacio también en el caso sobre la validez de la ley criolla de quiebras?
-En Sánchez Valle es más pertinente, pero eso está también envuelto en el caso de la quiebra.
El otro día decía el  republicano boricua Raúl Labrador que bajo la crisis actual es imposible que el Congreso considere ofrecerle la estadidad a Puerto Rico. Labrador piensa que cualquier debate de status deberá esperar a que la junta de control fiscal termine su mandato. ¿Está de acuerdo?
-Es un punto de vista que tiene cierta validez, no creo que sea absoluto.
¿Puede ser un catalítico para el status?
-Hay más posibilidades de que no sea un catalítico, porque básicamente el Senado, en términos generales, no quiere vincularse con el debate sobre el status de Puerto Rico, especialmente si es a favor de la estadidad y mientras se trate de un Congreso republicano. Los demócratas han sido más favorables a la estadidad en ese sentido, aunque en el pasado favorecieran más el statu quo.
¿La vinculación reciente de los demócratas con las luchas de los derechos civiles los acerca más a los reclamos de derechos políticos?
-Aquí hay 3 millones y pico de ciudadanos americanos que son indudablemente ciudadanos de segunda clase. Si fuera una situación referente a los negros, ¿no sería una situación de derechos civiles? Obviamente que sí.
¿Si la puerta de estadidad nunca se abre para Puerto Rico y no hay votos para la independencia, cómo salimos del  entuerto?
-En Puerto Rico tenemos todos los puntos de vista. Hay hasta un grupo que quiere que Puerto Rico vuelva a estar bajo España.
Usted es también historiador. ¿Hay fundamentos en la historia de las relaciones entre Puerto Rico y EE.UU. que permitan afirmar que la decisión va a estar basada en el voto o aspiraciones de  los puertorriqueños, o en las ofertas que EE.UU. presente?
-El historial en cuanto a quién decide no ha sido muy favorable a los puertorriqueños, empezando por el Tratado de París, donde se negoció nuestro destino y no nos enteramos hasta que nos dijeron el resultado. Casi siempre lo que pasa en Puerto Rico es el resultado de cosas que pasan en otros sitios. La concesión de la ciudadanía, por ejemplo. La ley 600 y el ELA coincidieron con el impulso que se daba en las Naciones Unidas a la eliminación de colonias de los imperios francés e inglés. No podía Estados Unidos reclamar eso, sin hacer algo con Puerto Rico, que era claramente una colonia entonces y no ha cambiado desde entonces. Aunque ha habido referendos en Puerto Rico, las decisiones han estado vinculadas a lo que ha pasado en otros sitios. Decir que lo que piense el Congreso no tiene preponderancia en el resultado es no ser realista.
¿Acogen su discurso los estadistas?
-No puedo hablar por nadie excepto por mí. Creo que la desigualdad es desigualdad para todos no importa el color de la bandera política que enarbolen. No sé cómo nadie en Puerto Rico se beneficia con ser desigual. Cuando los puertorriqueños han querido actuar con unidad han tenido éxito. Recuerdo la experiencia de la Gran Regata Colón, en la que participe y fue todo un éxito, porque el pueblo de Puerto Rico la respaldaba. La cuestión de Vieques fue otra cosa que unió a una gran parte de los puertorriqueños,  independientemente de si creo en eso o no. El hecho es que pasó. Divide y conquistarás, es la norma que ha permitido que esta situación colonial exista por tanto tiempo.
Hablando de Vieques, en su discurso denunció también el lenguaje  que permitiría la transferencia de los 3,100 acres de terrenos al gobierno de Puerto Rico.
-No solo sobre Vieques. También el lenguaje del proyecto en términos ambientales.
Se refiere a la emergencia que esa junta federal pudiera  decretar para echar a un lado normas ambientales en la aprobación de proyectos de construcción.
-Lo que quieren es vender terrenos a derecha e izquierda para sacar dinero. Una vez empiece ese proceso, olvídese, va a haber cemento de esquina a esquina en Puerto Rico.
 ¿Tiene vigencia la frase de Pedro Albizu Campos de que al final la decisión para Puerto Rico es ‘yanquis o puertorriqueños’?
-Ha pasado mucha agua por el río desde entonces. Para bien o para mal, el Puerto Rico de hoy no es el Puerto Rico de la época de Albizu Campos. Los puertorriqueños, si bien tienen una parte autóctona de su ser, tienen también grandes rasgos del americano. La cultura de nosotros – como el resto del mundo-, tiene una influencia de Estados Unidos  muy grande. El hecho de que tenemos más puertorriqueños en Estdos Unidos  que en Puerto Rico no es algo que se puede obviar con cambiar la página.
Usted ha querido explicar también el desbalance económico de la relación entre Puerto Rico y EE.UU. Resaltó, entre otras cosas, cómo el capital privado estadounidense acaparó la industria azucarera y como las ganancias de las 936, hace dos décadas, llegaron a rondar los $14,000 millones anuales.
-Cuando decimos Estados Unidos, no es desde el punto de vista del gobierno, sino del capital americano. Las centrales azucareras a principios del siglo pasado, la 936 (a finales), eran industria privada. Pero, no hay duda en mi mente de que Puerto Rico es una colonia económica de EE.UU. en el sentido del capital americano, que ahora es también multinacional, es el que recibe el mayor beneficiario.
¿Y ahora percibe al Congreso jugando el papel de cobrador de las firmas de inversiones?
-El senador Orrin Hatch –republicano por Utah-,ha dicho que tiene electores en su estado que necesitan recobrar el dinero. Los cabilderos que están en Washington empujando la junta ésta, de donde son si no son de los conglomerados de bonos. El anuncio de televisión que tienen en EE.UU. – por medio del Centro para la Libertad Individual-, cada vez que lo veo, veo rojo.
¿Por qué rojo?
-Porque es un ataque contra Puerto Rico de primer orden.
Usted siempre ha sido muy dado a emitir opiniones fuera del tribunal.
-Trato de hablar como ciudadano más que nada, aunque sé que es difícil que la gente distinga. Los jueces no vivimos en un vacío, somos un resultado de nuestro medioambiente y trasfondo. Trato de decidir  los casos  según el derecho, a pesar de que algunas veces no esté de acuerdo con el derecho.
¿Por qué otros eluden el debate público fuera de su curul en el tribunal?
-Como todo en la vida hay diferentes puntos de vista.   El juez Antonin Scalia – recientemente fallecido-, se expresaba contundentemente sobre muchos temas.  Siempre empiezo mis discursos diciendo que esta es mi opinión en este momento y que me reservo el derecho a cambiar de ella si me presentan argumentos mejores. Lo digo con relación  a todo.
¿Se resuelve el debate del status en la próxima década?
-Eso requiere una bola de cristal que todavía no he podido conseguir.
Si no se resuelve y usted se retira de la judicatura, lo veremos como abogado por la descolonización frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
-Todo es posible en la vida, pero la CIJ no va a decidir el caso de Puerto Rico.
¿No llegará el caso a la CIJ?
-Lo primero que requiere  eso es que todas las partes estén de acuerdo sobre su jurisdicción y EE.UU. nunca se va a someter a esa jurisdicción, por lo menos para este asunto.
¿Sigue navegando? 
-Las actividades de larga distancia son una época de mi vida que pasó. Tengo botes chiquitos, pero el calendario se está imponiendo.
¿Qué ha representado para usted el mar?
-Mi forma de hacer ejercicios era el mar. Mi siquiatra era el mar. De mis actividades en el mar   salieron también muchos de mis amigos.

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