Republicanos piden pleno control fiscal sobre la Isla
La medida presentada en el Senado excluye la posibilidad de dar acceso al capítulo 9
WASHINGTON - En momentos en que la
aprobación del ómnibus presupuestario ha quedado aplazada para la semana
próxima, republicanos del Congreso presentaron ayer legislación que
propone asumir control absoluto sobre las finanzas del Gobierno de
Puerto Rico.
En el caso del Senado, la medida radicada por tres influyentes senadores republicanos con jurisdicción en el debate descarta dar acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras para reestructurar, por lo menos parcialmente, la deuda pública del Gobierno, pero ofrece una asignación de $3,000 millones dirigida a mitigar los problemas de liquidez inmediatos del Gobierno de Puerto Rico.
La propuesta sometida en la Cámara baja, mientras, ofrece la posibilidad de dar acceso a las empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9, pero a cambio de una junta de control fiscal que colocaría al propio Gobierno de la Isla en la disyuntiva de aprobar limitarse a sí mismo sus poderes locales.
Por un lado, el proyecto de los senadores Orrin Hatch (Utah), Charles Grassley (Iowa) y Lisa Murkowski (Alaska) persigue crear la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial, otorgar $3,000 millones para combatir el problema de liquidez al que se enfrenta la Isla y por cinco años, a partir del 31 de diciembre, reducir de 6.2% a 3.1% el pago por nómina al Seguro Social.
Hatch, Grassley y Murkowski son los presidentes, respectivamente, de los comités de Finanzas, de lo Jurídico, y Energía-Recursos Naturales del Senado y el triunvirato que ha manejado el debate y celebrado audiencias sobre la crisis fiscal de la Isla. Consecuentemente habían denunciado la falta de estados financieros auditados recientes.
La nueva Autoridad - que echa abajo funciones adquiridas cuando se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado- tendría el poder final para determinar el presupuesto del Gobierno central de Puerto Rico, las corporaciones públicas y en la práctica nombraría al "principal oficial financiero" del gobernador.
El principal oficial financiero saldría de una lista de candidatos que la Autoridad le presentaría al gobernador. Ese funcionario, que asume funciones de la dirección del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), tendría la encomienda de certificar a cuánto asciende la deuda.
Los seis miembros de la junta serían designados por el presidente de Estados Unidos, incluido el secretario del Tesoro. Los otros cinco –tres de los cuales deben ser residentes de la Isla– se nombrarían en consulta con los comités con jurisdicción en el Congreso y el gobernador de Puerto Rico. Para asegurar que la mayoría esté en manos de personas no residentes de Puerto Rico, el secretario del Tesoro tendría dos votos en la junta fiscal.
La Autoridad determinaría a más tardar en dos años si asume pleno control del gobierno central. Tiene seis meses para decidir lo mismo con respecto a corporaciones públicas. En el caso de las corporaciones públicas tendría que designar un "administrador de emergencia", que sustituiría a los miembros de la junta de directores y los oficiales de la entidad.
La legislación presentada en la Cámara de Representantes por el congresista republicano Sean Duffy (Wisconsin), mientras, propone crear el Consejo de Estabilidad Financiera, que tendría la facultad para aprobar los presupuestos y un plan fiscal de tres años adoptado por el Gobierno de Puerto Rico. Además tendría que autorizar cualquier nuevo préstamo.
Si el Gobierno de Puerto Rico aprueba por ley local la creación de esta junta, entonces las empresas públicas de Puerto Rico tendrían acceso al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
Por la junta no poder crearse sin el consentimiento del Gobierno de Puerto Rico, Duffy sostuvo que su legislación no es una imposición al gobierno de la Isla ni antidemocrática. Demócratas consideraron la presentación de la medida como un intento por contrarrestar sus esfuerzos para incluir en el ómnibus presupuestario algún lenguaje que permita reestructurar parcial o totalmente la deuda pública de Puerto Rico, que asciende a cerca de $70,000 millones.
El ómnibus
El contenido del proyecto ómnibus no estaría listo quizá hasta el lunes, para que se apruebe en algún momento entre el 16 y 18 de diciembre. Por tal razón, el viernes se aprobaría una resolución temporal extendiendo los gastos actuales de las agencias federales por lo menos una semana.
"Si no se aprueba ahora la reestructuración de la deuda en el ómnibus, no se podrán conseguir 60 votos en el Senado con una medida independiente", advirtió la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), quien aseguró que la líder de la minoría cameral, Nancy Pelosi (California), va a insistir en la reestructuración de toda la deuda.
Aunque el proyecto de los senadores republicanos indica que la junta federal tendría el poder final para aprobar los presupuestos y planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico, los autores de la medida dicen que se haría "respetando la autonomía del Gobierno" puertorriqueño. Además, la nueva Autoridad determinaría cuando el gobierno de Puerto Rico puede tomar prestado –sin la garantía de crédito del gobierno de Estados Unidos– revisaría el sistema de pensiones (con el poder de hacerle ajustes) y las limitaciones en la Isla en el acceso a la reforma federal de salud, Obamacare.
Para complicar las cosas, la legislación toca el sistema de pensiones en EE.UU., no solo en la Isla, y sacaría los $3,000 millones que se enviarían a la Isla de fondos asignados a los estados por medio de Obamacare.
Las propuestas del gobierno del presidente Obama, según había admitido el propio senador Hatch al rechazarlas, le garantizaría a Puerto Rico una inyección económica de cerca de $40,000 millones anuales durante la próxima década, si se otorga paridad a la Isla en el programa Medicaid yse le extienden plenamente los créditos contributivos federales por ingresos devengados y niños dependientes.
"Con este proyecto, presentamos una estructura sostenible que permita mejorar las finanzas de Puerto Rico y su economía, al proveer alivio contributivo responsable a los trabajadores y asistencia transitoria al gobierno territorial", indicó Hatch.
Grassley, quien había descartado autorizar reestructurar la deuda, destacó que el proyecto resuelve el problema de liquidez actual, por medio de la asignación de hasta $3,000 millones, cuyo desembolso quedaría en manos de los miembros de la junta.
El gobernador Alejandro García Padilla ha indicado que es "muy probable" que no puedan cumplir con el pago de $900 millones en el servicio de la deuda, que vence el 1 de enero. Tras la presentación de la legislación, Jesús Manuel Ortiz, portavoz del gobernador, afirmó que "estamos confiados en que el lenguaje será uno positivo para el país y atenderá el mal de fondo".
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, por su parte, dijo objetar el lenguaje del proyecto de Duffy sobre el Consejo de Estabilidad Financiera. Al analizar un resumen de la medida del senador Hatch, Pierluisi afirmó que "hay aspectos que son positivos –tales como el reconocimiento de que a Puerto Rico se le trata desigualmente bajo los programas federales de salud, la asignación de hasta $3,000 millones en fondos federales para ayudar al territorio, y alivios en impuestos federales sobre la nómina para los trabajadores en la isla durante cinco años– y aspectos que me preocupan, como la ausencia de un mecanismo federal para permitir a Puerto Rico reestructurar alguna de su deuda".
Ricardo Rosselló, quien va camino a una primaria por la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a gobernador, reclamó cierta autoría del proyecto de Hatch, al indicar que cuando lanzó su aspiración y en reuniones con senadores federales habló de crear una "autoridad" integrada por puertorriqueños y funcionarios federales para realizar ajustes fiscales y decidir la emisión de deuda. Pero, sostuvo que no está de acuerdo con que se limite la autonomía local del gobierno de Puerto Rico.
Demócratas
El republicano Hatch, presidente del Comité de Finanzas, dio a conocer la legislación después de que la mayoría republicana bloqueó ayer un esfuerzo demócrata en el pleno del Senado estadounidense por traer a votación el proyecto 1774 que persigue ofrecerles a las empresas públicas puertorriqueñas acceso al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, para reestructurar por lo menos un tercio de la deuda pública.
En el Senado, además, hubo un coloquio de cuatro senadores demócratas –Charles Schumer (Nueva York), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Richard Blumenthal (Connecticut), y Robert Menéndez (Nueva Jersey)- en el que exhortaron a los republicanos a actuar y aprobar, por lo menos, la medida que busca ofrecerle acceso al capítulo 9 a las empresas públicas de la Isla en el ómnibus presupuestario que el Congreso trata de aprobar en los próximos días.
Schumer afirmó que "en tiempos de crisis" el Congreso "tiene la responsabilidad de ayudar a todos los ciudadanos estadounidenses, no importa donde vivan". "Puerto Rico sigue en llamas; y sería una vergüenza si el Congreso sale de vacaciones y deja una catástrofe", indicó Menéndez.
Tesoro
Temprano en el día de ayer, el gobierno del presidente Barack Obama - –como había adelantado El Nuevo Día– confirmó que no se quedará "cruzado de brazos" si el Congreso insiste en bloquear legislación que permita ofrecerle a Puerto Rico un mecanismo legal que permita comenzar a reestructurar de inmediato por lo menos una parte de la deuda pública puertorriqueña.
"Es un problema real y humano que hay que atender", indicó Antonio Weiss, consejero del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew.
Lew ofreció un mensaje ayer al mediodía en el Instituto Peterson para Asuntos Económicos Internacionales, en el que habló sobre las propuestas del presidente Obama, pero el cual aprovechó, en la sesión de preguntas, para acentuar que después de prever una crisis humanitaria en la Isla y un caos legal como consecuencia del impago, no pueden sentarse a mirar desde lejos.
"Esta crisis puede agudizarse en muchas formas –insistió Weiss–, pero no se equivoquen, ya está sobre nosotros".
En el caso del Senado, la medida radicada por tres influyentes senadores republicanos con jurisdicción en el debate descarta dar acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras para reestructurar, por lo menos parcialmente, la deuda pública del Gobierno, pero ofrece una asignación de $3,000 millones dirigida a mitigar los problemas de liquidez inmediatos del Gobierno de Puerto Rico.
La propuesta sometida en la Cámara baja, mientras, ofrece la posibilidad de dar acceso a las empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9, pero a cambio de una junta de control fiscal que colocaría al propio Gobierno de la Isla en la disyuntiva de aprobar limitarse a sí mismo sus poderes locales.
Por un lado, el proyecto de los senadores Orrin Hatch (Utah), Charles Grassley (Iowa) y Lisa Murkowski (Alaska) persigue crear la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial, otorgar $3,000 millones para combatir el problema de liquidez al que se enfrenta la Isla y por cinco años, a partir del 31 de diciembre, reducir de 6.2% a 3.1% el pago por nómina al Seguro Social.
Hatch, Grassley y Murkowski son los presidentes, respectivamente, de los comités de Finanzas, de lo Jurídico, y Energía-Recursos Naturales del Senado y el triunvirato que ha manejado el debate y celebrado audiencias sobre la crisis fiscal de la Isla. Consecuentemente habían denunciado la falta de estados financieros auditados recientes.
La nueva Autoridad - que echa abajo funciones adquiridas cuando se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado- tendría el poder final para determinar el presupuesto del Gobierno central de Puerto Rico, las corporaciones públicas y en la práctica nombraría al "principal oficial financiero" del gobernador.
El principal oficial financiero saldría de una lista de candidatos que la Autoridad le presentaría al gobernador. Ese funcionario, que asume funciones de la dirección del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), tendría la encomienda de certificar a cuánto asciende la deuda.
Los seis miembros de la junta serían designados por el presidente de Estados Unidos, incluido el secretario del Tesoro. Los otros cinco –tres de los cuales deben ser residentes de la Isla– se nombrarían en consulta con los comités con jurisdicción en el Congreso y el gobernador de Puerto Rico. Para asegurar que la mayoría esté en manos de personas no residentes de Puerto Rico, el secretario del Tesoro tendría dos votos en la junta fiscal.
La Autoridad determinaría a más tardar en dos años si asume pleno control del gobierno central. Tiene seis meses para decidir lo mismo con respecto a corporaciones públicas. En el caso de las corporaciones públicas tendría que designar un "administrador de emergencia", que sustituiría a los miembros de la junta de directores y los oficiales de la entidad.
La legislación presentada en la Cámara de Representantes por el congresista republicano Sean Duffy (Wisconsin), mientras, propone crear el Consejo de Estabilidad Financiera, que tendría la facultad para aprobar los presupuestos y un plan fiscal de tres años adoptado por el Gobierno de Puerto Rico. Además tendría que autorizar cualquier nuevo préstamo.
Si el Gobierno de Puerto Rico aprueba por ley local la creación de esta junta, entonces las empresas públicas de Puerto Rico tendrían acceso al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
Por la junta no poder crearse sin el consentimiento del Gobierno de Puerto Rico, Duffy sostuvo que su legislación no es una imposición al gobierno de la Isla ni antidemocrática. Demócratas consideraron la presentación de la medida como un intento por contrarrestar sus esfuerzos para incluir en el ómnibus presupuestario algún lenguaje que permita reestructurar parcial o totalmente la deuda pública de Puerto Rico, que asciende a cerca de $70,000 millones.
El ómnibus
El contenido del proyecto ómnibus no estaría listo quizá hasta el lunes, para que se apruebe en algún momento entre el 16 y 18 de diciembre. Por tal razón, el viernes se aprobaría una resolución temporal extendiendo los gastos actuales de las agencias federales por lo menos una semana.
"Si no se aprueba ahora la reestructuración de la deuda en el ómnibus, no se podrán conseguir 60 votos en el Senado con una medida independiente", advirtió la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), quien aseguró que la líder de la minoría cameral, Nancy Pelosi (California), va a insistir en la reestructuración de toda la deuda.
Aunque el proyecto de los senadores republicanos indica que la junta federal tendría el poder final para aprobar los presupuestos y planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico, los autores de la medida dicen que se haría "respetando la autonomía del Gobierno" puertorriqueño. Además, la nueva Autoridad determinaría cuando el gobierno de Puerto Rico puede tomar prestado –sin la garantía de crédito del gobierno de Estados Unidos– revisaría el sistema de pensiones (con el poder de hacerle ajustes) y las limitaciones en la Isla en el acceso a la reforma federal de salud, Obamacare.
Para complicar las cosas, la legislación toca el sistema de pensiones en EE.UU., no solo en la Isla, y sacaría los $3,000 millones que se enviarían a la Isla de fondos asignados a los estados por medio de Obamacare.
Las propuestas del gobierno del presidente Obama, según había admitido el propio senador Hatch al rechazarlas, le garantizaría a Puerto Rico una inyección económica de cerca de $40,000 millones anuales durante la próxima década, si se otorga paridad a la Isla en el programa Medicaid yse le extienden plenamente los créditos contributivos federales por ingresos devengados y niños dependientes.
"Con este proyecto, presentamos una estructura sostenible que permita mejorar las finanzas de Puerto Rico y su economía, al proveer alivio contributivo responsable a los trabajadores y asistencia transitoria al gobierno territorial", indicó Hatch.
Grassley, quien había descartado autorizar reestructurar la deuda, destacó que el proyecto resuelve el problema de liquidez actual, por medio de la asignación de hasta $3,000 millones, cuyo desembolso quedaría en manos de los miembros de la junta.
El gobernador Alejandro García Padilla ha indicado que es "muy probable" que no puedan cumplir con el pago de $900 millones en el servicio de la deuda, que vence el 1 de enero. Tras la presentación de la legislación, Jesús Manuel Ortiz, portavoz del gobernador, afirmó que "estamos confiados en que el lenguaje será uno positivo para el país y atenderá el mal de fondo".
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, por su parte, dijo objetar el lenguaje del proyecto de Duffy sobre el Consejo de Estabilidad Financiera. Al analizar un resumen de la medida del senador Hatch, Pierluisi afirmó que "hay aspectos que son positivos –tales como el reconocimiento de que a Puerto Rico se le trata desigualmente bajo los programas federales de salud, la asignación de hasta $3,000 millones en fondos federales para ayudar al territorio, y alivios en impuestos federales sobre la nómina para los trabajadores en la isla durante cinco años– y aspectos que me preocupan, como la ausencia de un mecanismo federal para permitir a Puerto Rico reestructurar alguna de su deuda".
Ricardo Rosselló, quien va camino a una primaria por la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a gobernador, reclamó cierta autoría del proyecto de Hatch, al indicar que cuando lanzó su aspiración y en reuniones con senadores federales habló de crear una "autoridad" integrada por puertorriqueños y funcionarios federales para realizar ajustes fiscales y decidir la emisión de deuda. Pero, sostuvo que no está de acuerdo con que se limite la autonomía local del gobierno de Puerto Rico.
Demócratas
El republicano Hatch, presidente del Comité de Finanzas, dio a conocer la legislación después de que la mayoría republicana bloqueó ayer un esfuerzo demócrata en el pleno del Senado estadounidense por traer a votación el proyecto 1774 que persigue ofrecerles a las empresas públicas puertorriqueñas acceso al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, para reestructurar por lo menos un tercio de la deuda pública.
En el Senado, además, hubo un coloquio de cuatro senadores demócratas –Charles Schumer (Nueva York), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Richard Blumenthal (Connecticut), y Robert Menéndez (Nueva Jersey)- en el que exhortaron a los republicanos a actuar y aprobar, por lo menos, la medida que busca ofrecerle acceso al capítulo 9 a las empresas públicas de la Isla en el ómnibus presupuestario que el Congreso trata de aprobar en los próximos días.
Schumer afirmó que "en tiempos de crisis" el Congreso "tiene la responsabilidad de ayudar a todos los ciudadanos estadounidenses, no importa donde vivan". "Puerto Rico sigue en llamas; y sería una vergüenza si el Congreso sale de vacaciones y deja una catástrofe", indicó Menéndez.
Tesoro
Temprano en el día de ayer, el gobierno del presidente Barack Obama - –como había adelantado El Nuevo Día– confirmó que no se quedará "cruzado de brazos" si el Congreso insiste en bloquear legislación que permita ofrecerle a Puerto Rico un mecanismo legal que permita comenzar a reestructurar de inmediato por lo menos una parte de la deuda pública puertorriqueña.
"Es un problema real y humano que hay que atender", indicó Antonio Weiss, consejero del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew.
Lew ofreció un mensaje ayer al mediodía en el Instituto Peterson para Asuntos Económicos Internacionales, en el que habló sobre las propuestas del presidente Obama, pero el cual aprovechó, en la sesión de preguntas, para acentuar que después de prever una crisis humanitaria en la Isla y un caos legal como consecuencia del impago, no pueden sentarse a mirar desde lejos.
"Esta crisis puede agudizarse en muchas formas –insistió Weiss–, pero no se equivoquen, ya está sobre nosotros".
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