Consecuencias de la política en la vida de los puertorriqueños

Cada lunes esperaba con alegría ver los visuales, datos e información de Radiografía 2012 por Noticentro 4 a las 5:00 PM. La mayoría de las veces de los 30 municipios presentados tuve la oportunidad de aprender de las realidades en que viven nuestros hermanos puertorriqueños. En este importante proyecto social, político y económico pudimos ver cómo la demogogia y la politiquería hace que nuestros servicios gubernamentales sean paupérrimamente malos. Necesitamos cambiar de mentalidad. Dejar el fanatismo político. Volver a ser lo que eran los puertorriqueños: trabajadores, honestos, humildes, hospitalarios, honrados, cumplidores de la ley y temerosos de Dios.

El país en un lienzo

Radiografía 2012 devela el estrangulamiento de municipios PPD a manos del Estado

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Hay pueblos cuya administración se distingue por la planificación, y otros -aunque menos- que funcionan a base de imagen, como Aguadilla. Los problemas más comunes son la falta de empleo, de vivienda y de programas de ayuda para drogadictos y deambulantes. (Archivo)

POR GLORIA RUIZ KUILAN /gloria.ruiz@gfrmedia.com

Cada pueblo tiene su particularidad o, como dice la canción “Sabor boricua” de Tony Croatto: “Cada lugar, un sabor, cada pueblo, un sentimiento...”. Radiografía 2012, un proyecto en conjunto entre El Nuevo Día y Wapa TV, recogió un cúmulo de las pinceladas políticas distintivas de al menos 30 pueblos (15 populares y 15 penepés) de los 78 del país, una tarea que se extendió por nueve meses.

En la iniciativa quedó plasmado un mosaico de hallazgos sintomáticos de la realidad cotidiana del país. El más punzante de tales descubrimientos es el estrangulamiento deliberado del Gobierno central a los municipios populares.

Los problemas constantes son la falta de empleo, vivienda y ayuda social para drogadictos y deambulantes, con mayor prevalencia en pueblos distantes de la zona metro, como Maricao y Lares.

Además, son pocos los pueblos que cuentan con un administrador con un norte definido o un plan estratégico.

En cada uno de los municipios populares -con excepción de Arecibo, que es penepé- se repitió la misma historia: el cierre de la llave de paso para ayuda o beneficios del Gobierno central. Eso se patentizó en Comerío, donde cerraron las oficinas regionales del Gobierno, afectando el casco urbano y las finanzas. Asfaltar vías estatales solo hasta los límites es otra modalidad, ejemplificada en el municipio de Jayuya, que está rodeado por pueblos dominados por el Partido Nuevo Progresista.

El estrangulamiento también quedó evidenciado con la creación de decretos que eximen del pago de patentes municipales y en la limitación o eliminación de subvenciones para el proyecto de Comunidades Especiales, desyerbo y mantenimiento de carreteras o de fondos de la Ley 152 destinados a la creación de empleos. En Peñuelas, San Germán, Guayanilla y Maunabo, incluso se les crearon oficinas legislativas o puestos al candidato penepé a la alcaldía, lo que servía como contraparte del municipio.

Municipios populares como Coamo, Villalba y Maunabo optaron por echar mano a todo fondo federal disponible.

En contraste, aquellos administrados por un penepé reciben amplia ayuda del Estado, como en los casos de Yauco, Aibonito, Gurabo, Aguadilla y Culebra. Como parte de esa ayuda, se cuenta la asistencia directa para recibir préstamos del Banco Gubernamental de Fomento. Adjuntas recibió uno para pagar una demanda política heredada, y Maricao, otro para aplacar el déficit.

Municipio que fuera bastión popular, pero ahora estuviese en manos de un alcalde penepé, recibe ayuda directa del Estado, como Aibonito y Naranjito.

Otras ayudas -también negadas a municipios rojos- fueron los fondos ARRA discrecionales. A Humacao, se le negó la adquisición del cuartel estatal y del que era el hospital regional, cerrándole el paso así a nueva obra.

Además, la ausencia -a veces total- de visitas del gobernador Luis Fortuño y su equipo de trabajo a un pueblo redundaba en su abandono, puesto que estas visitas usualmente van acompañadas de inauguración de proyectos.

Precisamente, esos anuncios de obra fueron constantes en Arecibo, un pueblo cuyo alcalde penepé, Lemuel Soto, quedó marginado por su oposición al gasoducto y su apoyo al exgobernador Pedro Roselló. Una vez culminaron las primarias y las ganó Carlos Molina, se abrió la llave de paso para proyectos necesarios hacía años en un pueblo sumido en el deterioro.

Dependencia extrema

Existen varios alcaldes populares que anclan su proyecto futuro para sus respectivos pueblos con la esperanza de que Alejandro García Padilla resulte vencedor el 6 de noviembre.

Por ejemplo, el alcalde de Comerío, Josean Santiago, descansa en el plan presentado por García Padilla para impulsar la economía con la creación de 50,000 empleos en 18 meses, esperando que así se beneficie su pueblo, que para julio tenía una tasa de desempleo de 23.7%.

Desmantelado salud

Incuestionablemente, la implantación de la reforma de salud -ahora llamada Mi Salud- en 1993 hizo estragos en los centros de salud en toda la Isla. Los centros conocidos como CDT, en cuyo diseño colaboraron en 1954 por los doctores Guillermo Arbona y John B. Grant, este último en representación de la Fundación Rockefeller de Nueva York, están en peligro de extinción. Con ello se evaporó el modelo de cuidado preventivo y atención temprana de enfermedades.

Es así como Corozal y Peñuelas no cuentan con un CDT para, al menos, atender emergencias, aunque la gente lo pide a gritos. En el caso de Maunabo, este es uno de esos municipios a los que, desde el 2009, se le redujo la aportación mensual del Departamento de Salud (de $83,000 a $49,000) para costear los servicios del CDT, otra vertiente de los “chichones” causados por la reforma de salud. Y en Loíza, se quejan del pésimo servicio en el CDT.

Solo los pueblos de Isabela, Guayanilla, Jayuya y Cayey retienen sus respectivos CDT y hacen malabares para mantenerlos. Sin embargo, la recompensa proviene de su gente, que valora lo que significa tener un centro de salud cercano.

Compra de votos

Aunque la vulgar compra de votos de los años 40 pareció extinguirse, esa práctica sigue viva hoy día de manera solapada. Abundan los municipios donde el alcalde provee ayuda para el pago de luz, agua, compra de enseres, alimentos y reparación de vivienda. Paradójicamente, es una acción similar a la que se les critica a los legisladores, con sus llamados barriles de tocino.

Ese concepto paternalista en los municipios es avalado -en gran medida- por sus residentes, que evalúan la gestión del alcalde de turno a base de cuánto da.

La corrupción, por otra parte, mantiene sus huellas en los pueblos que ha tocado, como Arecibo, Barceloneta y Villalba, que muestran cierto rezago.

Indiferencia colectiva

En municipios como Barceloneta, se constató la indiferencia de la gente a las finanzas municipales.

A pesar de una deuda exorbitante de $56,995,222 millones, los barcelonetenses tienden a satisfacerse con ver obra que mayormente es de cemento y varilla.

De otra parte, las empresas municipales son elogiadas por todo alcalde y, como punto de referencia, casi siempre mencionan las de Aguadilla.

Sin embargo, es inexistente el escrutinio público para determinar cuán productivas son y cuál es su beneficio neto, más allá de engordar la vista.

Es por ello que en cada pueblo visitado -como Mayagüez y Luquillo, con grandes atributos que aún no se potencian- no faltaron residentes que, al preguntarles, aseguraban que “todo” estaba bien en su pueblo. Pero la indagación destapaba el mal social del conformismo y la resignación. Peor aún, se soslaya la insatisfacción con lo bonachón que es el alcalde.