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martes, 31 de julio de 2012

El derecho a la libre expresión


Golpe a la lucha civil

Las enmiendas al Código Penal castigarían la desobediencia civil con tres años de cárcel
Contrario a las afirmaciones de Fortuño de que la ley deja intactos los delitos de expresión pública que incluía el código del 2004, un examen legal realizado por este diario revela que el documento sí contiene serios cambios. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Por Yanira Hernández Cabiya/yhernandez@elnuevodia.com
Nota de la editora: Este es el primero de una serie de reportajes sobre los cambios en el Código Penal y su impacto en la vida de los ciudadanos.

El gobernador Luis Fortuño convirtió en ley ayer el Código Penal del 2012, que eleva las penas para todos los delitos al tiempo que establece una política pública contra las protestas, incluso la desobediencia civil pacífica. 
Al  firmar la ley, el mandatario dijo que  “con este código buscamos penas fijas y más severas contra el criminal porque nuestro deseo es que les podamos devolver la tranquilidad a la gente buena y decente de nuestro pueblo”. 
El estatuto  aumenta las penas en delitos como el asesinato en segundo grado (a 50 años), homicidio (a 15 años), homicidio negligente (a 15 años), secuestro (a 25 años), escalamiento agravado (a 18 años), agresión sexual (a 50 años) y producción de pornografía infantil (a 15 años), entre otros. 
“Asimismo, en protección de nuestros menores, el Código propuesto crea un nuevo delito que señala la seducción de menores a través de internet o medios electrónicos, con una pena fija de ocho años” dijo el gobernador. 
Fortuño resaltó también los cambios al estatuto que fortalecen la lucha contra la corrupción al establecer que un funcionario público que cometa un delito en el desempeño de la función pública constituirá causa suficiente para destituirlo.
 “Con este nuevo Código buscamos darle las garras al sistema judicial, con penas fijas y más extensas que respondan a la realidad que estamos viviendo. No vamos a permitir que los criminales se apoderen de Puerto Rico. Estamos creando una nueva herramienta para que nuestros fiscales y jueces puedan verdaderamente hacer justicia desde los tribunales”, expresó el primer ejecutivo.
Sin embargo, en el afán de ir contra el criminal violento, el legislador   aprovechó para incluir en el código modificaciones en el lenguaje de los delitos relacionados a la expresión pública que afectan el derecho a la protesta que debe existir en toda sociedad democrática además de aumentarles la pena a encarcelamiento fijo de 3 años para la mayoría de ellos.
La expresión pública
Contrario a las afirmaciones de Fortuño de que la ley deja intactos  los delitos de expresión pública que incluía el código del 2004, un examen legal realizado por este diario revela que el documento sí contiene  serios cambios. 
Por ejemplo, una protesta en las gradas del Capitolio que impida la realización de los trabajos de una sesión legislativa, ahora puede costarle a los manifestantes tres años fijos de cárcel. 
Bajo el Código Penal del 2004, para que ese delito se consumara, la interrupción de los trabajos debía realizarse mediante “intimidación, violencia o fraude”, lenguaje que fue eliminado del Código que es ley desde ayer.    
 El abogado especialista en derechos humanos y civiles César Rosado destacó que cuando los padres de la Constitución discutieron incluir un derecho a la libre expresión, asociación y de prensa, se plantearon que “pensar y expresar el pensamiento libremente, por la palabra hablada o escrita, no solamente es lo propio de la naturaleza humana, sino el medio único del progreso humano”.
“En lo inmediato, el nuevo  Código Penal intenta amedrentar a los sindicatos y otros grupos de presión -como el movimiento estudiantil- que históricamente se han destacado por presentar resistencia a cualquier medida considerada injusta. El disponer de una pena fija de tres años es un gran disuasivo para la protesta”, declaró Rosado, quien representa a varios sindicatos.
En Puerto Rico es una realidad que sectores de todas las tendencias ideológicas han echado mano  a la desobediencia civil en su lucha por establecer sus puntos de vista. 
Instancias como las manifestaciones de ciudadanos en contra del gasoducto   o las protestas de grupos estadistas para que se utilizará la bandera de Estados Unidos junto a la de Puerto Rico en instalaciones públicas son ejemplo de ello.
“Válvula de escape”
Detrás de estas medidas represivas subyace una actitud de intolerancia que no debe ser característica de sociedades democráticas como la nuestra, apuntó Hiram Meléndez Juarbe, profesor de derecho constitucional. “En la democracia es importante permitir el activismo, aunque a veces sea  incómodo para el gobierno”, sostuvo.
Los gobiernos tienen un interés legítimo de mantener el orden y el cumplimiento de sus leyes, pero “se toleran ciertos márgenes de incumplimiento” como una válvula de escape que en muchas ocasiones sirve para provocar cambios, agregó Meléndez Juarbe. 
La desobediencia civil implica -por definición- la violación del orden legal establecido para influenciar un cambio de política pública. 
“Los que la utilizan están conscientes de que sus actos tendrán consecuencias importantes pero, en la democracia, estas no deben ser tan extremas  que desalienten esa actividad”, añadió el experto en derecho constitucional.
Herramienta determinante
En Puerto Rico, la desobediencia civil fue determinante para lograr el cese de los ejercicios militares en la isla municipio de Vieques, señaló José “Che” Paralitici, quien en el 1999 encabezó el movimiento “Todo Puerto Rico con Vieques”.
Esta causa civil -el reclamo de una vida de paz para el pueblo viequense- unió a estadistas, populares, independentistas, no afiliados a partidos, católicos, protestantes y a  un caleidoscopio multisectorial de todo Puerto Rico. Al reclamo se unieron voces importantes del extranjero.
William Ramírez, de la Unión Americana de Libertades Civiles  (ACLU),  planteó que muchas de las grandes conquistas de derechos en Estados Unidos se han dado precisamente gracias a movimientos de desobediencia civil. 
La periodista Alba Muñiz colaboró en este reportaje.

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