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jueves, 2 de junio de 2011

Violación derechos humanos a indocumentados en ARIZONA

Indocumentada recibe título en Arizona, pero no lo podrá usar

PHOENIX (AP) — Angélica Hernández se destacó en la secundaria y en la universidad, y se graduó este mes en ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Arizona, pero no sabe si podrá sobresalir en el campo de la ingeniería, a pesar de la recuperación de un mercado laboral que muestra interés en profesionales capacitados.
Ello se debe a que Hernández es una indocumentada que no puede trabajar legalmente. La mexicana, de 21 años, cruzó el desierto de Arizona con su madre y una hermana cuando tenía nueve años. Su padre ya se encontraba en Phoenix y su madre quería que estuviesen todos juntos.
Hernández comenzó a cursar el cuarto grado de la escuela primaria en la Mitchell Elementary School de Phoenix y cuando pasó a la Pueblo Del Sol Middle School, en el sexto grado, ya no necesitaba tomar clases de inglés. Al iniciar la secundaria, en la Carl Hayden High School, estaba totalmente asimilada, competía en cross country, atletismo y fútbol, era presidenta de la National Honors Society, participaba en un programa para formar líderes e integraba el equipo de robótica.
Hizo todo esto consciente de que su status migratorio era un gran problema.
en 2007 fue seleccionada La Joven Sobresaliente del Distrito 7 de Phoenix y asistió a un almuerzo con el alcalde Phil Gordon.
"Fue algo bastante irónico", relató Hernández. "Estaba allí, con el alcalde y con otros estudiantes, y era indocumentada, pero allí estaba, con todos los demás".
El equipo de robótica le permitió concentrarse en la ingeniería y una beca presidencial le hizo posible ir a la universidad.
La campaña de Arizona para combatir a los indocumentados fue un golpe duro. La Propuesta 300, aprobada por el 71% del electorado en noviembre de 2006, prohibió a los estudiantes indocumentados recibir asistencia financiera estatal y los obligó a pagar matrículas de no residente, que son el triple que las de los residentes en el estado. Fue así que perdió su beca. Ya se había suspendido la asistencia del gobierno federal a los indocumentados.
"Me quedé sin beca y todo se vino abajo. No sabía cómo podría pagar por todo", recordó Hernández. "Contaba con esa beca".
Pero consiguió préstamos de instituciones privadas.
"Así pude terminar mi primer año. A partir de entonces, cada año estuvo rodeado de incertidumbres por el tema financiero, pero pude obtener financiación privada", expresó.
Inmigrantes como Hernández, que fueron traídos al país de niños, no tienen casi posibilidades de regularizar su situación con las leyes actuales. Dado que estuvo aquí más de un año, una ley de 1996 estipula que debe regresar a México y permanecer allí una década antes de pedir una nueva visa. E incluso entonces no hay garantías de que le será concedida.
"Es todo muy incierto... No poder trabajar, no poder solicitar nada, porque en estos momentos no hay forma de que legalicemos nuestra situación", se lamentó.
Hay decenas de miles de estudiantes de la secundaria y la universidad en la misma situación, según Adey Fisseha, abogado del Centro Nacional de Leyes sobre Inmigrantes (National Immigration Law Center), que defiende los derechos de los indocumentados. "En momentos en que hablamos de invertir en la educación y en la fuerza laboral del futuro, tenemos esta población de talento formado aquí que estamos desaprovechando", expresó Fisseha.
La única esperanza de jóvenes indocumentados como Hernández, que fueron traídos al país ilegalmente de niños, es un proyecto de ley denominado DREAM Act, que permitiría regularizar la situación de quienes cursen estudios universitarios o se enrolen en las fuerzas armadas y no tengan antecedentes delictivos.
DREAM son las siglas en inglés del proyecto de ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros. La iniciativa de ley federal busca permitir que los gobiernos de los estados ofrezcan cuotas preferentes de enseñanza a los estudiantes indocumentados, como si se tratara de residentes del estado. Actualmente, la ley federal de inmigración les impide hacerlo.
El proyecto daría a las personas en su situación un camino a la ciudadanía a través de los estudios universitarios o si se incorporan a las fuerzas armadas.
Por ser graduada universitaria, Hernández reuniría todos los requisitos.
Esta asoma como su única salida ante la falta de progresos en la campaña en busca de una reforma integral a las leyes de inmigración, que permita resolver la situación de los aproximadamente 11 millones de indocumentados que se cree hay en el país.
Proyectos similares orientados a los jóvenes indocumentados se estancaron anteriormente en el Congreso.
La iniciativa que busca ayudar a personas como Hernández tiene el firme respaldo de los demócratas e incluso de algunos republicanos de Arizona que piden mano dura hacia los indocumentados.
"Si se trata de gente que fue traída de pequeña por sus padres y que no ha cometido infracciones serias, no tengo problema porque pienso que sería cruel expulsarlos del país a una 'patria' de la que saben muy poco y cuya lengua tal vez no hablen", expresó el representante republicano John Kavanagh, quien ha promovido severas medidas contra los indocumentados. "Pero no dejaría que sus padres se quedasen, porque esas son las personas que causaron el problema".
Para Hernández, quien está viviendo de nuevo con su madre, hay pocas perspectivas de novedades a corto plazo. Su hermana está en la misma situación, a punto de graduarse con un título en psicología y sociología.
"Lo correcto sería cursar estudios de posgrado", afirmó. "Nosotros los 'dreamers' (soñadores) sabemos que la única solución que tenemos es continuar con nuestra educación".

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