juez torruella (horizontal-x3)
Juan Torruella desde su curul ha denunciado por años la situación colonial de la Isla. (Archivo/GFR)
WASHINGTON- La legislación que persigue imponer una Junta Federal de Control Fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico profundiza la patente política pública de discriminación colonial a la que ha sido sometida la Isla por el gobierno de Estados Unidos, según el juez federal Juan Torruella.
Para el juez, el único puertorriqueño en el segundo tribunal estadounidense de importancia para la Isla, el proyecto de ley federal puede "desencadenar no solo simple desobediencia civil o resistencia, sino radicalización o violencia directa como la que Puerto Rico vio en los 1930, 1940 y 1950".
En un mensaje que ofreció durante el pasado fin de semana en el "John Jay College of Criminal Justice", en Nueva York, Torruella sostuvo que la legislación y dos casos pendientes ante el Tribunal Supremo de EE.UU., que pueden decidirse en junio, pueden suponer un vuelco en las relaciones político jurídicas entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Notas sobre la Junta de Control Fiscal
Por un lado, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes tiene pendiente el proyecto de ley 4900 que permitiría a una junta de siete funcionarios no electos - nombrados por el presidente de EE.UU. y recomendados casi en su totalidad por el liderato del Congreso-, tomar las decisiones últimas en Puerto Rico sobre planes fiscales, presupuesto y toda legislación.
Por el otro, el Tribunal Supremo estadounidense deberá decidir si Puerto Rico tiene soberanía propia para fines de la cláusula constitucional federal sobre doble exposición (Pueblo versus Sánchez Valle), y si puede legislar su propio estatuto de quiebras (Puerto Rico versus Franklin California).
"Estos casos y/o o ésta legislación pueden cambiar drásticamente el escenario EE.UU.-Puerto Rico, dependiendo de qué caminos seleccione el tribunal para resolver las cuestiones básicas que los casos plantean, y qué finalmente aprueba el Congreso para 'asistir' al pueblo de Puerto Rico", indicó Torruella en su mensaje.
En octubre pasado, en otro foro en el Hunter College de Nueva York, Torruella- quien desde su curul ha denunciado por años la situación colonial de la Isla-, ya había advertido que considera que "el estado de desigualdad impuesto a Puerto Rico desde el primer día bajo la soberanía de Estados Unidos no ha cambiado ni un ápice, irrespectivamente del lavado de cara que supuso el otorgamiento de la ciudadanía bajo la Ley Jones (1917), y el establecimiento del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es solo un territorio no incorporado disfrazado, sujeto a los omnipotentes poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula para territorios de la Constitución".
En torno al proyecto 4900 que impone la Junta Federal de Control Fiscal y que se ha titulado "Promesa", Torruella cuestionó que pueda encomendarse a funcionarios no electos la administración fiscal de la Isla. Pero, también denunció que la legislación tenga el potencial de permitir que 3,100 acres de Vieques, ahora destinados a la conservación y en manos del gobierno federal, puedan terminar en manos de desarrolladores privados.
En última instancia, dijo los planes imperiales del proyecto 4900 acentúan la actitud de indefensión política a que ha estado sujeta la Isla, desde la época de la invasión estadounidense y el Tratado de París, afectada por una clase política que se creía superior a sus vecinos, como exponentes del 'destino manifiesto'.
"El tratado y su artículo IX fueron anunciados a los habitantes de Puerto Rico como un 'hecho consumado', por el cual fueron despojados de su ciudadanía y derechos españoles, y se les requirió lealtad a un nuevo supervisor colonial bajo el cual no tenían ningún derecho, excepto aquellos que les concediera en el futuro el Congreso, en el cual no tenían voto", recordó Torruella, juez del Primer Circuito de Apelaciones, con base en Boston (Massachusetts).
La adquisición de territorios como Puerto Rico y las Filipinas, mantuvo, dio base a una jurisprudencia en el Tribunal Supremo estadounidense en total conflicto con las posiciones de esa corte a mediados del siglo XIX cuando repudiaba la posibilidad de Estados Unidos tener colonias.
A partir de 1901, mantuvo Torruella, el propio Tribunal Supremo estadounidense – por medio de las decisiones después conocidas como los Casos Insulares – y solo cinco años después de haber validado la segregación racial, dio licencia al Congreso para mantener "una ideología antidemocrática" y convertir a Estados Unidos "en un nuevo imperio colonial".
Junto a la falta de derechos políticos, como el que Puerto Rico no tenga representación ni vote por el gobierno federal que en última instancia decide sus leyes, Torruella destacó los beneficios económicos que ha supuesto la relación para las corporaciones estadounidenses, desde los tiempos de la industria azucarera hasta la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal.
"La Isla recibe aproximadamente $16,000 millones anuales en subsidios y asistencia del gobierno federal. Pero, el balance comercial entre Puerto Rico y el territorio continental sigue siendo el mismo. Cerca del 90% de las exportaciones de Puerto Rico van a Estados Unidos y (Estados Unidos), mientras, es responsable de una proporción similar en importaciones",  agregó Torruella.
Hace dos décadas, en 1995, dijo, las ganancias de las multinacionales en Puerto Rico ya superaban los $14,000 millones anuales.
"Esperemos que el Congreso y otros en posiciones altas tomen nota y consideren las consecuencias potencialmente explosivas de lo que el Congreso 'promete' a Puerto Rico y su población de ciudadanos estadounidenses, que incluso en el contexto de una relación de explotación como la de Estados Unidos hacia Puerto Rico, es,  por lo menos escandalosa", subrayó el juez Torruella.