Peligrosas las acciones de la Legislatura
Analistas y académicos advierten que dan prioridad a sus intereses y no a los del pueblo
El presidente de la Cámara, Jaime Perelló (al centro, sonriendo)
quiso pasar un reembolso de $900 mensuales a los legisladores para
complacer a los miembros de su delegación. (Archivo)
Por Yaritza Santiago Caraballo / ysantiago1@elnuevodia.com
la frustrada intención de otorgar un reembolso de gastos a
los legisladores es un indicador más de que esta Asamblea Legislativa
ha puesto sus propios intereses por encima del bien común y de los
reclamos de un pueblo que pide a gritos una mejor calidad de vida. Esa
movida se suma a la negativa de esta Legislatura para poner en marcha
una verdadera reforma legislativa -como prometió el Partido Popular
Democrático (PPD) en las pasadas elecciones- y a la lentitud de la
Cámara de Representantes para adoptar un nuevo y estricto Código de
Ética. El grave peligro que representa esta situación para el
país es evidente para un grupo de expertos consultados: falta de
transparencia gubernamental, ausencia de parámetros estrictos para
fiscalizar la labor de los legisladores y desconfianza en la
Legislatura.
Para el abogado y analista Ignacio Rivera, esta Legislatura -controlada por el Partido Popular Democrático (PPD)- “ha jugado” en lo que va de cuatrienio a aparentar ser una reformista de los asuntos importantes para el país, aunque lo cierto es que no ha cumplido muchas de las promesas que hizo en la pasada campaña electoral. “Esta nueva Legislatura hace lo indecible por aparentar ser reformista, y lo han hecho bien porque no han hecho nada sino aparentar hacer las cosas por el bien del pueblo. Todas las promesas del Partido Popular en la Legislatura han sido incumplidas”, opinó Rivera. Una de esas promesas inconclusas es la adopción de un Código de Ética más estricto, como parte de la reforma legislativa “de avanzada” que promovió el PPD en su pasada campaña electoral. Aunque el Senado aprobó un Código de Ética, con más restricciones que en el pasado, la Cámara todavía no ha dado ese paso seis meses y medio después de iniciado este cuatrienio.
No hay parámetros
“No aprobar un código demandante es un peligro muy grande porque quiere decir que no hay parámetros para (fiscalizar a) la gente que está tratando de usurpar posiciones para beneficio propio”, sostuvo el catedrático asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Raúl Cotto.
Un ejemplo es que días atrás la Comisión cameral de Ética se cantó sin jurisdicción sobre las querellas que se radicaron contra el representante popular Charlie Hernández. Se ampararon en que el querellante no tenía propio ni personal conocimiento conflicto de intereses que se le achacó a Hernández por tener un contrato de consultoría con la Asociación de Legisladores Municipales. Sin ese Código de Ética tampoco se cumple la promesa de hacer públicos los informes financieros de los representants en aras de la transparencia gubernamental. Esto, según Cotto, hace cómplice al PPD con el Partido Nuevo Progresista.
La adopción de un Código de Ética estricto en la Cámara no es la única promesa de reforma legislativa inconclusa. Todavía está pendiente la reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa en un 30%.
Además, el concepto de legislador ciudadano que adoptaron no se ajusta a lo prometido. Es por eso que ahora los legisladores, cuyo sueldo básico es de $73,000 anuales, pueden seguir generando hasta un 35% de su salario en ingresos extralegislativos, pero con la diferencia de que ahora lo pueden hacer a cualquier hora del día.
Los legisladores tomaron esa decisión porque al eliminarse las dietas y el estipendio de transportación que recibían, sus ingresos se vieron reducidos en unos $40,000 anuales. Esa baja de salario es criticada por algunos legisladores. Uno de ellos es el representante novoprogresista Jorge Navarro, quien catalogó ayer como “un cantazo fuerte” ganar solamente $73,000 anuales, por lo que tuvo que cambiar su casa en Los Paseos, un sector exclusivo de Río Piedras, por otro hogar en el que paga $900 de renta. Además, dijo que cambió su guagua Infiniti por una Ford Explorer.
La copa que colmó la gota fue el reciente intento de los cuerpos legislativos de otorgar reembolsos de gastos de hasta $900 mensuales a sus legisladores, lo que va en contra de la promesa del PPD de reducir los gastos.
Ese divorcio entre el ente legislativo y el pueblo sufriente, como le llama Rivera, revela que no hay vocación patriótica por parte de estos funcionarios y comprueba que muchos de ellos, no todos, buscan llegar a la Casa de las Leyes para su lucro personal, “para vivir lo mejor posible haciendo lo mínimo”.
‘Compra’ de legisladores
Esa falta de compromiso también agudiza la costumbre de los líderes legislativos de complacer a sus correligionarios, como en el caso de los reembolsos, no por sus méritos, sino en busca de respaldo.
“Eso ya es una costumbre cultural”, indicó el profesor Ciencias Políticas, Roberto Mori. “Lo que es peligroso es que esas cosas que son viejas se reafirman, que los líderes siguen comprando a legisladores para ellos estar bien”, agregó el académico.
Todo este panorama negativo que rodea a la Legislatura revela también la actitud de “arrogancia” de que los legisladores merecen mucho más dinero y respeto. “Si los legisladores se fueran a sus casas, no pasaría nada en Puerto Rico”, dijo Rivera. “Pero si viviéramos sin policías, sin maestros, sin personas que recogen la basura, habría una gran diferencia en el país. Puerto Rico estaría mejor sin la Legislatura. Estaría mejor con un gobierno general”, puntualizó Rivera.
Para el abogado y analista Ignacio Rivera, esta Legislatura -controlada por el Partido Popular Democrático (PPD)- “ha jugado” en lo que va de cuatrienio a aparentar ser una reformista de los asuntos importantes para el país, aunque lo cierto es que no ha cumplido muchas de las promesas que hizo en la pasada campaña electoral. “Esta nueva Legislatura hace lo indecible por aparentar ser reformista, y lo han hecho bien porque no han hecho nada sino aparentar hacer las cosas por el bien del pueblo. Todas las promesas del Partido Popular en la Legislatura han sido incumplidas”, opinó Rivera. Una de esas promesas inconclusas es la adopción de un Código de Ética más estricto, como parte de la reforma legislativa “de avanzada” que promovió el PPD en su pasada campaña electoral. Aunque el Senado aprobó un Código de Ética, con más restricciones que en el pasado, la Cámara todavía no ha dado ese paso seis meses y medio después de iniciado este cuatrienio.
No hay parámetros
“No aprobar un código demandante es un peligro muy grande porque quiere decir que no hay parámetros para (fiscalizar a) la gente que está tratando de usurpar posiciones para beneficio propio”, sostuvo el catedrático asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Raúl Cotto.
Un ejemplo es que días atrás la Comisión cameral de Ética se cantó sin jurisdicción sobre las querellas que se radicaron contra el representante popular Charlie Hernández. Se ampararon en que el querellante no tenía propio ni personal conocimiento conflicto de intereses que se le achacó a Hernández por tener un contrato de consultoría con la Asociación de Legisladores Municipales. Sin ese Código de Ética tampoco se cumple la promesa de hacer públicos los informes financieros de los representants en aras de la transparencia gubernamental. Esto, según Cotto, hace cómplice al PPD con el Partido Nuevo Progresista.
La adopción de un Código de Ética estricto en la Cámara no es la única promesa de reforma legislativa inconclusa. Todavía está pendiente la reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa en un 30%.
Además, el concepto de legislador ciudadano que adoptaron no se ajusta a lo prometido. Es por eso que ahora los legisladores, cuyo sueldo básico es de $73,000 anuales, pueden seguir generando hasta un 35% de su salario en ingresos extralegislativos, pero con la diferencia de que ahora lo pueden hacer a cualquier hora del día.
Los legisladores tomaron esa decisión porque al eliminarse las dietas y el estipendio de transportación que recibían, sus ingresos se vieron reducidos en unos $40,000 anuales. Esa baja de salario es criticada por algunos legisladores. Uno de ellos es el representante novoprogresista Jorge Navarro, quien catalogó ayer como “un cantazo fuerte” ganar solamente $73,000 anuales, por lo que tuvo que cambiar su casa en Los Paseos, un sector exclusivo de Río Piedras, por otro hogar en el que paga $900 de renta. Además, dijo que cambió su guagua Infiniti por una Ford Explorer.
La copa que colmó la gota fue el reciente intento de los cuerpos legislativos de otorgar reembolsos de gastos de hasta $900 mensuales a sus legisladores, lo que va en contra de la promesa del PPD de reducir los gastos.
Ese divorcio entre el ente legislativo y el pueblo sufriente, como le llama Rivera, revela que no hay vocación patriótica por parte de estos funcionarios y comprueba que muchos de ellos, no todos, buscan llegar a la Casa de las Leyes para su lucro personal, “para vivir lo mejor posible haciendo lo mínimo”.
‘Compra’ de legisladores
Esa falta de compromiso también agudiza la costumbre de los líderes legislativos de complacer a sus correligionarios, como en el caso de los reembolsos, no por sus méritos, sino en busca de respaldo.
“Eso ya es una costumbre cultural”, indicó el profesor Ciencias Políticas, Roberto Mori. “Lo que es peligroso es que esas cosas que son viejas se reafirman, que los líderes siguen comprando a legisladores para ellos estar bien”, agregó el académico.
Todo este panorama negativo que rodea a la Legislatura revela también la actitud de “arrogancia” de que los legisladores merecen mucho más dinero y respeto. “Si los legisladores se fueran a sus casas, no pasaría nada en Puerto Rico”, dijo Rivera. “Pero si viviéramos sin policías, sin maestros, sin personas que recogen la basura, habría una gran diferencia en el país. Puerto Rico estaría mejor sin la Legislatura. Estaría mejor con un gobierno general”, puntualizó Rivera.
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