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martes, 6 de septiembre de 2016

El alcance de PROMESA

EL ALCANCE DE PROMESA (JUNTA DE CONTROL FISCAL) Por: Joanisabel González y José A. Delgado El alcance de PROMESA Al menos, por los próximos cuatro años, el Gobierno de Puerto Rico tendrá que operar con el aval de una junta supervisora impuesta por el Congreso de Estados Unidos, en virtud del Título I, sección 101 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilización Económica (PROMESA, en inglés). VER LOS DESIGNADOS. El proyecto se convirtió en ley el pasado 30 de junio, cuando el presidente estadounidense Barack Obama estampó su firma en el proyecto senatorial federal 2328, pieza que, de paso, se aprobó de manera expedita en el Congreso federal, pues la última fuente de poder en el caso de territorios estadounidenses reside en esa rama de gobierno. A continuación, algunos de los aspectos más importantes del controversial organismo supervisor y cómo este cambiará la vida de los puertorriqueños. Preguntas y respuestas ¿Cuál es el nombre de la junta que supervisará a Puerto Rico? Ver respuesta ¿Cuál es el propósito de la junta? Ver respuesta ¿Existen otras entidades de este tipo en otros lugares en Estados Unidos? Ver respuesta ¿Cuál es la composición de la junta? Ver respuesta 01:50 | Claves para entender el nuevo proyecto de la Junta de Control Fiscal ¿Dónde estarán las oficinas de la junta de supervisión? Ver respuesta ¿Es cierto que la junta de supervisión podrá recibir regalos? Ver respuesta ¿Para quién trabaja el director ejecutivo creado en PROMESA? Ver respuesta ¿Qué poderes tiene la junta? Ver respuesta ¿La junta puede investigar las prácticas de divulgación y de venta de bonos por parte del Gobierno de Puerto Rico? Ver respuesta ¿Cómo será la relación entre la junta, el gobernador y la Legislatura? Ver respuesta 03:42 | ¿Cómo Puerto Rico sucumbió ante la monstruosa deuda? ¿Qué pasa si el plan fiscal no cumple con lo establecido en PROMESA? Ver respuesta ¿Qué pasa si el gobierno no cumple con el presupuesto aprobado y avalado por la junta? Ver respuesta ¿La junta puede decidir sobre los contratos o transacciones que haga el Gobierno? Ver respuesta ¿Puede la junta sugerir o implementar procesos o mecanismos de gobernanza fiscal? Ver respuesta ¿Qué sucede si el Gobierno o la Legislatura no acogen las recomendaciones de la junta? Ver respuesta Los designados A continuación la lista de siete miembros designados a la junta de supervisión fiscal. David Arthur Skeel Experto en Derecho Corporativo y Bancarrota que dicta cátedra en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Autor de varios libros, incluyendo uno acerca de las consecuencias de la ley de reforma financiera Dodd-Frank y otro acerca de la ley federal de Bancarrota. Egresado de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de Virginia. Andrew Biggs Académico residente del Instituto de Empresarismo Americano (AEI), experto en los temas de Seguro Social y planes de pensiones estatales y locales. Fue comisionado auxiliar del Seguro Social y director asociado del Concilio Económico de la Casa Blanca. José B. Carrión III Presidente y socio principal de la firma de corretaje de seguros Hub International Carrión Laffitte & Casellas Bachiller de la Universidad de Pensilvania. Posee una maestría en Manejo de Riesgos en Seguros del Colegio de Seguros de la Ciudad de Nueva York. Posee sobre 16 años de experiencia en el campo de seguros, presidió en dos momentos separados, las juntas de gobierno de la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado y la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. Arthur J. González Un educador en sus primeros años de trayectoria profesional, González es un juez retirado del sistema judicial federal que tuvo a su cargo varios de los casos de bancarrota más transcendentales en la historia estadounidense. González tuvo a su cargo los casos de Enron, WorldCom –la bancarrota más grande antes que Lehman Brothers- y en 2009, tuvo a su cargo viabilizar la reestructuración Chrysler. Al presente es senior fellow de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Ana J. Matosantos Puertorriqueña, Matosantos es egresada de Stanford University y es consultora de presupuesto y en temas financieros. Matosantos es parte del equipo del Instituto de Política Pública de California. Ocupó múltiples cargos en el gobierno estatal de California y se le reconoce como una figura clave en el proceso de restaurar las finanzas de ese estado bajo dos gobernadores distintos. Entre los años 2009 a 2013, fungió como directora del Departamento de Finanzas de California y antes fungió como directora auxiliar de Presupuesto. Entre otras cosas, trabajó en la reforma de salud que se implementó en ese estado. José Ramón González Presidió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración de Rafael Hernández Colón. Exprincipal oficial ejecutivo de Banco Santander Puerto Rico y exvicepresidente de Oriental Bank. Por años fungió como directivo del Federal Home Loan Bank de Nueva York. En la actualidad, es presidente del Federal Home Loan de Nueva York. Posee un bachillerato en Economía de la Universidad de Yale y abogado egresado de la Universidad de Harvard. Bajo la presidencia de González, el BGF buscó implementar la primera política pública para manejar y custodiar de manera organizada y responsable los activos en manos del gobierno, especialmente, las carteras de inversiones de aseguradoras y planes de pensiones. Carlos M. García Banquero con casi dos décadas de experiencia en banca de inversiones. Expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración de Luis Fortuño; otrora ejecutivo de Santander Securities en Puerto Rico. Al concluir sus labores en el Gobierno, se trasladó a Boston donde laboró como principal oficial de operaciones en Santander USA. Dejó el conglomerado español para fundar BayBoston Capital, una firma de capital de riesgo, que presta servicios principalmente a entidades financieras con sede en Boston. Bajo la dirección de García se emitieron unos $10,000 millones en bonos de Puerto Rico, en especial, bajo la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) y se implementaron las disposiciones de la Ley de Emergencia Fiscal (Ley 7 de 2009). García fue también instrumental en establecer el llamado arbitrio del 4% a las corporaciones foráneas que operan en la Isla, fuente de recaudos que ahora representa una quinta parte de los ingresos del Fondo General.

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